Con motivo de la nacionalización de los hidrocarburos dispuesta por el Gobierno de la hermana República de Bolivia, el MORENO manifiesta su más profunda satisfacción por la medida adoptada y estima necesario dar a conocer su opinión al respecto.
Cumpliendo con sus promesas electorales, el Presidente de Bolivia Evo Morales ha firmado un Decreto Supremo mediante el cual nacionaliza los hidrocarburos y permite al Estado a través de YPFB ejercer el control absoluto sobre todas las etapas del ciclo económico de sus riquezas hidrocarburíferas. De esta forma, sigue avanzando el proceso de recuperación de los bienes comunes del pueblo boliviano, de los que fuera despojado por gobiernos apátridas que aplicaron las recetas del neoliberalismo energético. Queda ahora la conversión de los actuales contratos a las nuevas formas jurídicas que establecerán las autoridades bolivianas.
A causa de las movilizaciones populares que condujeron a la concreción del proceso electoral y a modificaciones en la Ley de Hidrocarburos que permitieron: incrementar significativamente la participación gubernamental en la renta petrolera, la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la reafirmación de la propiedad imprescriptible, inembargable e inalienable del subsuelo por parte de la Nación, las cosas ha comenzado a cambiar positivamente, a pesar de las enormes dificultades que surgen de partir de un panorama de "tierra arrasada" y de las resistencias externas e internas, cuyos orígenes debemos buscar en las multinacionales petroleras, en los sectores internos económicamente dominantes y en las exigencias imperativas de un progresismo al que debemos denominar como irresponsable.
El nuevo Gobierno se encuentra abocado a la auditoría de sus reservas, a la elaboración de un plan de desarrollo del gas natural en el mercado interno, al que actualmente se destina sólo el 2 % de su producción, y a la posterior determinación de los precios y volúmenes exportables. Al mismo tiempo bastó una enérgica declaración ministerial, ratificando la soberanía boliviana sobre las riquezas del subsuelo, para que una de las más importantes petroleras actuantes -Repsol YPF SA- se viera obligada a modificar hacia la baja sus declaraciones juradas de reservas ante los organismos de control de EEUU, España y Argentina y reconocer su calidad de titular de un contrato de concesión finito en el tiempo, y no de propietario soberano como anteriormente alegaba.
El reciente Decreto Supremo recupera para Bolivia el ejercicio de su derecho soberano de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos. Son sus autoridades, libremente elegidas quienes decidirán sobre las cantidades a extraer, sus precios y sus destinos. Las petroleras, si aceptan las condiciones fijadas por el Estado Boliviano -similares a las vigentes en todo el mundo menos en Argentina- prestarán servicios como contratistas de YPFB, figura esencialmente distinta a la de concesionario, en sociedades cuyas condiciones determinará el Gobierno de Bolivia. Resultaría lógico que respondieran por los beneficios obtenidos como resultado del acceso ilegítimo a las áreas que explotan. En lo que respecta a las importaciones argentinas, las mismas deberán negociarse con YPFB; lamentablemente, de nuestro lado los actores no cambian pues seguirán actuado las multinacionales petroleras.
Las veladas amenazas surgidas del reino de España, deben ser duramente rechazadas por pretender interferir sobre las decisiones soberanas de una nación independiente; además, resulta risible la afirmación de que se podrán llegar a suspender las inversiones internacionales, que en este proceso nunca existieron.
Como en los años anteriores a la Revolución de Mayo, los bolivianos nos vuelven a mostrar el camino de la recuperación de la soberanía. Por el contrario, el Gobierno Argentino, continúa consolidando y mejorando el modelo energético neoliberal implantado en la década de los 90': renovación de contratos ilegítimos con ampliación de beneficios, desgravaciones fiscales para construir obras de infraestructura que deben ser responsabilidad de los concesionarios, licenciatarios y permisionarios, al igual que las previstas para incrementar las inversiones en exploración, liberación del precio de gas en boca de pozo a favor del oligopolio productor, contratos secretos que significan la entrega del mar argentino a las principales multinacionales actuantes, extraños cargos tarifarios destinados a logias financieras llamadas fideicomisos, con el objeto de financiar obras que tenían la obligación de afrontar las empresas privatizadas, continuidad de exportaciones que violan la Constitución y las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria del Gas, son algunas de las medidas que muestran que el camino que se sigue es totalmente inverso al boliviano.

Buenos Aires, 2 de mayo de 2006