El gobierno de Evo Morales lanzó una “revolución” que pretende que los sectores históricamente excluidos tengan acceso a la tierra. APM entrevistó al titular del INRA.

El los primeros días de agosto, en la localidad de Ucureña, el presidente Evo Morales entregó 2.300 títulos de propiedad y anunció el comienzo de la Revolución Agraria en Bolivia. ¿Pero ahora bien, que alcance tiene este anuncio del primer mandatario?
En una entrevista exclusiva con APM, el Director Nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Fernando Salazar Guzmán, sostuvo que lo que el gobierno esta intentando llevar a cabo en política agraria es una reconducción comunitaria de las tierras, para poder así beneficiar a los sectores que durante siglos fueron excluidos de la sociedad boliviana.

A lo largo de diez años -entre 1996 y 2006-, el proceso de regulación del derecho a la propiedad agraria obtuvo muy magros resultados. Sólo el 10 por ciento de las casi 110 millones de hectáreas que posee Bolivia esta titulada y alrededor del 52 por ciento ni siquiera presentó ningún tipo de documentación al Estado Boliviano.

Ante esa falencia de las anteriores administraciones, Salazar Guzmán señaló que “en estos cinco años que le toca al presidente Morales, debemos concluir el proceso de saneamiento de la tierra”.

La conclusión del saneamiento, que implica realizar un intensivo trabajo de campo en todo el territorio para poder así determinar el estado de la propiedad de la tierra en el país, fue declarado emergencia nacional por el Evo Morales a través de la emisión de un decreto supremo sancionado el 3 de junio.

De acuerdo al funcionario, los decretos presidenciales -que son siete en total- permiten hacer algunas correcciones a la ley 1.715, para poder así acelerar el proceso de regulación de la tierra.

“El proceso de saneamiento debe concluir con lo que es la titulación, de tal manera que a partir de esta se le de la seguridad jurídica al propietario”, añadió el director del INRA.

Paralelamente al proceso de saneamiento, el gobierno va a proceder a la identificación de aquellas tierras fiscales que no estén cumpliendo ninguna función productiva concreta. Las mimas van a ser distribuidas a distintas comunidades indígenas y campesinas, las cuales desde hace mucho tiempo vienen reclamando la posibilidad que se le de acceso a la tierra.

No obstante, vale aclarar que la nueva distribución no es de tipo individual -tal cual se hizo en la revolución nacionalista de 1953-, sino que es comunitaria. En lo que va de 2006, este proceso de reversión de las tierras fiscales ha permitido que el gobierno entregue 3,2 millones de hectáreas a distintas comunidades originarias en los departamentos Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz.

Según Salazar Guzmán, es importante resaltar la importancia de este hecho -que beneficia a un total de 35 mil familias-. En los diez años anteriores: “no paso de 100 mil hectáreas las que fueron distribuidas”.

A su vez, el funcionario sostuvo que entre fin de año y mediados de 2007 se tiene pensado repartir cinco millones de hectáreas más.

El gobierno de Evo Morales no sólo tiene pensado repartir estas tierras, sino que también posee un plan de asentamientos para que estos nuevos propietarios se puedan convertir en contribuyentes activos de la economía boliviana.

“Hay que hacer el saneamiento y la distribución, pero debemos garantizar la sostenibilidad en el tiempo y además apoyar con recursos para que ellos (los campesinos) puedan ser productores”, afirmó el director del INRA.

Para lograr este objetivo, el Ejecutivo va a otorgar recursos económicos para financiar así la infraestructura caminera en las zonas rurales y las postas educativas.

Asimismo, el INRA esta abocado a conseguir respaldo internacional, para que el plan de industrialización del agro boliviano se pueda llevar a cabo.

El gobierno de Venezuela ya se comprometió a entregar 200 millones de dólares y en este momento los funcionarios del INRA están en tratativas con el gobierno argentino para intentar lograr mas ayuda financiera.

Para finalizar, Fernando Salazar Guzmán se mostró optimista y señalo que no obstante que la ley que da fundamento legal a toda esta “revolución agraria” esta momentáneamente trabada en el Congreso, en poco tiempo se va a lograr un consenso sobre el tema.

Esta apuesta del gobierno de Evo Morales, pretende satisfacer en alguna manera los reclamos históricos de las comunidades originarias, quienes desde hace siglos vienen reclamando por el saqueo indiscriminado que sufrieron de sus territorios.