INTRODUCCION

El genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba durante más de cuatro décadas, y recrudecido durante los últimos años, ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 14 ocasiones consecutivas de manera prácticamente unánime. El pasado año, 182 Estados exigieron ponerle fin y rechazaron nuevamente su aplicación extraterritorial, en defensa de los principios y las normas del Derecho Internacional.

El Gobierno de los Estados Unidos sigue desoyendo tales reclamos, y refuerza cada vez más el entramado de medidas y leyes dirigidas a la destrucción de la Revolución Cubana y a la negación a su pueblo del disfrute de su derecho a la libre determinación. Conviene recordar que la apetencia y las ansias de dominación de los Estados Unidos sobre Cuba tienen su origen desde el surgimiento mismo de la Unión Americana.

Desde entonces, realizaron innumerables esfuerzos por anexarse a Cuba, a través de las más disímiles vías: desde fracasados intentos de compra, pasando por el estímulo y apoyo a fuerzas anexionistas dentro de la colonia española, hasta la intervención y ocupación militar directa.

Sucesivos gobiernos norteamericanos en el siglo XIX nunca reconocieron a la República de Cuba en armas. Por el contrario, obstaculizaron e interrumpieron, siempre que pudieron, el apoyo que su pueblo y los cubanos emigrados en ese país procuraron a la causa redentora.

La intervención militar norteamericana en 1898 arrebató a los cubanos el derecho a ser libres. El atributo de soberanía, tan merecido tras 30 años de desigual batalla contra el colonialismo español, fue negado al pueblo cubano con la imposición de una caricatura de república sometida al tutelaje humillante de un apéndice constitucional - conocido como Enmienda Platt - mediante el cual el naciente Imperio estadounidense se arrogaba el reconocimiento de su potestad para invadir y ocupar militarmente a Cuba cuando así Washington lo entendiera oportuno.

Durante más de medio siglo, las administraciones estadounidenses sometieron al pueblo cubano a su dominación neocolonial y a la explotación del patrimonio nacional por sus monopolios, gracias a la complicidad y sometimiento de sucesivos gobiernos de turno y a la imposición de brutales dictaduras militares, cada vez que fue necesario acallar con sangre las justas reivindicaciones y la convicción antiimperialista del pueblo cubano.

Con la profunda revolución social llevada a cabo por el pueblo cubano a partir de 1959, los círculos de poder en Estados Unidos rápidamente percibieron el ejemplo de la Revolución Cubana como un claro desafío a su pretendida dominación hemisférica y global. Sucesivas administraciones republicanas y demócratas, han sostenido y recrudecido con el paso de los años, una guerra no declarada, destinada a reimponer su férreo control sobre los destinos de la nación cubana.

En fecha tan temprana como el 12 de febrero de 1959 comenzaron las acciones encaminadas a este fin. La primera de ellas fue la no devolución a Cuba de 424 millones de dólares de las reservas del Banco Nacional, robados por cabecillas de la dictadura batistiana en su estampida y depositados en los bancos del país que le dio cobija e impunidad.

Unas semanas después, en un memorando del Departamento de Estado de fecha 24 de junio, el Secretario de Estado Christian Herter, definió esas "acciones iniciales" como "medidas de guerra económica".1

En otro documento fechado el 6 de abril de 1960, la determinación imperialista de exterminio al pueblo revolucionario de Cuba se hizo más explícita. En el mismo se afirma que "debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. [... ] a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". 2

Ese ha sido siempre el declarado propósito y el hilo conductor de la política genocida aplicada contra Cuba por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos e impuesta a tres generaciones de cubanos. Bajo esa política nacieron y han vivido toda la vida las dos terceras partes de la población cubana actual. Los cubanos han tenido que padecer, sobrevivir y desarrollarse en las muy difíciles condiciones que le impone la única superpotencia, que busca con esa política aniquilar la resistencia y el ejemplo de dignidad y soberanía de la nación cubana.

Diez administraciones han practicado esta guerra económica violatoria del derecho y de la moral y han obligado a otros Estados a plegarse a dicha política. Han amenazado y reprimido a ciudadanos de los Estados Unidos y de países extranjeros.

Como consecuencia del bloqueo, entre otras limitaciones, Cuba no puede exportar ningún producto a los Estados Unidos, ni importar de ese país mercancía alguna; tampoco puede comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países; no puede recibir turismo norteamericano; no puede usar el dólar en sus transacciones con el exterior; no tiene acceso a los créditos de instituciones financieras multilaterales, regionales y estadounidenses, ni puede realizar operaciones con estas; sus barcos y aeronaves no pueden tocar territorio norteamericano.

El Gobierno norteamericano aplica cada vez con mayor rigor las disposiciones con efecto extraterritorial del bloqueo, imponiéndose severas restricciones al comercio internacional, marco en el cual se arrecia el asedio de las operaciones comerciales que de alguna manera podrían estar vinculadas a Cuba.

Interminable sería la lista de ejemplos que sustentan en la práctica este permanente propósito, que ha motivado cuanta regulación, ley o plan ha aprobado el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, entre los que destacan la Ley Torricelli (1992), la Ley Helms-Burton (1996) y las versiones sucesivas y complementarias del Plan para la Anexión de Cuba formuladas por la mal llamada "Comisión de Asistencia a una Cuba Libre" - creada por el Presidente Bush con el objetivo de destruir el sistema político, económico y social refrendado por el pueblo cubano.

El ex Secretario de Estado, Colin Powell, primer presidente de la mencionada comisión, al ser preguntado sobre la política hacia Cuba, dijo que el uso de armas tales como "aislamiento, sanciones y presiones" precedía a las opciones militares; aunque aclaró que "algunas veces no existe otra solución apropiada que no sea el uso de la fuerza militar". 3

El brutal y despiadado cerco tendido por el Gobierno de los Estados Unidos contra la economía y la sociedad cubanas, afecta todas y cada una de las esferas y ámbitos de actividades del país. Este informe analiza las principales afectaciones al pueblo de Cuba en el período comprendido entre el segundo semestre del 2005 y el primer semestre del 2006.

Muchas de estas afectaciones son resultado de la estricta aplicación de las agresivas y adicionales medidas presentadas en el citado Plan para la Anexión de Cuba, incluida la amenaza del uso de la fuerza militar y la persecución de ciudadanos y empresas no sólo cubanas, sino de los Estados Unidos y el resto del mundo.

La persecución y represalias contra ciudadanos y empresas de los Estados Unidos y del resto del mundo han sido numerosas. Se ha recrudecido el acoso financiero contra cualquier operación económica y comercial cubana en los más diversos mercados; se han endurecido las prohibiciones y restricciones a los viajes, al envío de remesas y al intercambio académico en diferentes esferas y se han agravado las acciones punitivas contra las inversiones y el turismo en Cuba.

El desempeño de la mal llamada "Comisión de Asistencia a una Cuba Libre", cuyo primer informe fuera aprobado por el presidente estadounidense el 6 de mayo de 2004, ha estado acompañado de una escalada desenfrenada e irracional en la aplicación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. La persecución y la represión contra todos aquellos que tengan cualquier vínculo con Cuba en las más diversas regiones del mundo han alcanzado niveles sin precedentes.

En diciembre de 2005, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que sustituyó a Colin Powell en la dirección de la comisión anticubana creada por el presidente Bush, anunció medidas adicionales para hacer más efectivo el negativo impacto de las acciones cumplidas en virtud de la primera versión del Plan para la Anexión de Cuba. 4

El 10 de julio de 2006 fue presentado por la Administración Bush la segunda versión del plan anticubano producido por la comisión. En el mismo, se identifican nuevas medidas que significan más sanciones económicas, más persecución a la actividad de las empresas cubanas, mayores represalias contra los que comercian con Cuba y una escalada sin precedentes en el apoyo financiero y material a las acciones dirigidas al derrocamiento del orden constitucional cubano.

En el nuevo informe de la comisión, que confirma y amplía la versión del 2004, se recomienda entre otras medidas, la creación de una Fuerza de Tarea Interagencias específica para la persecución del níquel cubano; el reforzamiento del Grupo de Persecución de Activos Cubanos; la prohibición de ventas a Cuba de equipos médicos para uso en programas de atención a extranjeros en gran escala, como la cooperación internacional en cirugía oftalmológica conocida como "Operación Milagro", en la formación de médicos o en la ayuda a otros países en ocasiones de desastres; la imposición de sanciones a las empresas que colaboren en la prospección y producción de petróleo e iniciar la aplicación a países que supuestamente apoyen a Cuba del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitiría abrir procesos en cortes estadounidenses contra compañías y ciudadanos de terceros países.

El informe incluye en esta ocasión una cláusula secreta, con recomendaciones que no han sido publicadas a partir de supuestas razones de "seguridad nacional y ejecución efectiva". El pueblo cubano conoce perfectamente y ha sufrido por más de cuatro décadas las brutales consecuencias de este tipo de medidas y acciones "encubiertas" como las que hoy oculta la comisión anticubana. Estas propuestas "secretas" han incluido desde agresiones militares mercenarias y acciones terroristas, hasta centenares de planes de asesinato del Presidente Fidel Castro y otros líderes cubanos.

Como se ha demostrado de manera reiterada, el bloqueo califica como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 y, un acto de guerra económica, de acuerdo a lo establecido en la Conferencia Naval de Londres desde 1909. Es asimismo, un componente esencial de la política de Terrorismo de Estado desarrollada de forma sistemática e inhumana, por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra la población cubana sin distinción de sexo, edad, raza, credo religioso o posición social.

El daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo, partiendo de premisas de análisis sumamente conservadoras, supera los 86 mil 108 millones de dólares; un promedio de 1 832 millones de dólares anuales. Esta cifra no incluye los daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y actos terroristas alentados, organizados y financiados desde los Estados Unidos y que asciende a más de 54 mil millones de dólares, ni el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.

En el último año, el daño económico directo ocasionado a los cubanos por la aplicación del bloqueo superó la cifra de 4 mil 108 millones de dólares.

1 - Informe secreto del funcionario del Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991. En Department of State: Foreign Relations of United States, volume VI, 1991, p. 886

2 - Ídem

3 - Declaraciones de Colin Powell, ex Presidente de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, durante entrevista realizada en el Programa de la Cadena NBC, "Meet the Press", 4 de mayo del 2004.

4 - Declaraciones de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice al concluir una reunión con la Comisión Para la Asistencia a un Cuba Libre. Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, 19 de diciembre del 2005.