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REAFIRMAMOS QUE EL AGUA ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCIA
Y RECLAMAMOS UNA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS Y SANEAMIENTO
BAJO CONTROL DEMOCRATICO Y POPULAR
Ante la decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el
Presidente Néstor Kirchner, de rescindir el contrato de concesión
con la empresa Aguas Argentinas y la creación de una empresa
con mayoría accionaria estatal, las organizaciones sociales
abajo firmantes, que hace más de diez años venimos
luchando en pos de ese objetivo, a la vez que saludamos dicha medida,
queremos expresar lo siguiente:
LA RENEGOCIACIÓN Y RESCISIÓN DEL
CONTRATO
Pese a todos los incumplimientos en los planes de obras e inversiones,
pese a las extraordinarias ganancias obtenidas, al grave impacto
ambiental y sanitario generado por la empresa, (expresado en el
deterioro de la calidad del agua potable, altos porcentajes de contaminación,
baja presión en numerosos partidos del conurbano), al endeudamiento
irresponsable que ameritaba el retiro de la concesión a la
empresa, y a los proyectos de ley que por esos motivos pedían
la rescisión del contrato, y que fueran cajoneados en el
Congreso, el gobierno argentino sostuvo una política de renegociar
la continuidad de la concesión, o bien la transferencia de
su capital accionario mediante la capitalización de su deuda.
Así como la incorporación de otros operadores privados,
vinculados a grupos económicos locales cómplices del
saqueo privatizador, como es el caso de Eurnekian. Fue el fracaso
de estas alternativas de continuidad lo que llevó al gobierno
nacional a la rescisión del contrato con la concesionaria.
En la actualidad el gobierno nacional sigue llevando adelante una
política deliberada de renegociación con las empresas
privatizadas, donde se insiste nuevamente en negociar con los saqueadores,
convalidar incumplimientos y terminar las obras pendientes financiadas
por fondos públicos que pagamos todos los usuarios. Como
puede constatarse en los resultados de las renegociaciones con varias
concesionarias como aeropuertos, corredores viales, ferrocarriles
y distribuidoras eléctricas, entre otras. Es la misma política
llevada a cabo por gobiernos anteriores, siempre en beneficio del
poder económico más concentrado.
Frente a esto rechazamos cualquier intento de reconocimiento por
parte del Estado Nacional de asumir la deuda privada de Aguas Argentinas,
contraída irresponsablemente por esta empresa y bajo su exclusivo
riesgo. Rechazamos también la demanda presentada por la empresa
ante el Ciadi, Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que a la vez
es accionista de la empresa a través de la Corporación
Financiera Internacional y uno de los acreedores de la concesionaria.
Reclamamos al respecto el desconocimiento del CIADI como instancia
para dirimir conflictos y proponemos que se tramiten las causas
existentes en los tribunales nacionales.
Fue el fracaso de la renegociación con la transnacional Suez
(principal accionaria de AASA), que consideró insuficientes
los subsidios ofertados por el gobierno nacional y que ya había
resuelto en septiembre del 2005 solicitar "la terminación
del contrato por culpa del Concedente (en alusión al Estado
argentino)", así como de los sucesivos fracasos para
lograr inversores que capitalizaran la deuda de la concesionaria
mediante un nuevo pase de manos accionaria, lo que llevó
a la caída de la concesión.
No obstante, valoramos la medida tomada en el Decreto Nº 303/06
de rescindir la concesión con Aguas Argentinas, que reconoce
los incumplimientos reiterados de la concesionaria en la provisión
del servicio de agua potable y da cuenta de los reclamos populares
que durante años fueron denunciando el comportamiento depredador
de la empresa privatizada. Nos preocupa, sin embargo, que entre
los considerándos de la medida el Estado Nacional sólo
se enfatiza la insuficiente calidad en la prestación de agua
potable, sin precisar otros aspectos igualmente graves de impacto
ambiental y social que generó la concesionaria, tales como
los incumplimientos de planes de extensión del servicio,
la no construcción de una planta de tratamientos para aguas
servidas en Berazategui, el desbalance hídrico al proveer
agua del Río de la Plata y con ello favorecer la subida de
las napas freátricas, así como una criminal política
de cortes del servicio de aguas y cloacas a quienes no podían
pagar violando el principio de salubridad pública, entre
otros aspectos. Estos incumplimientos habilitaban a rescindir con
anterioridad la concesión a la empresa acorde al numeral
14/3 del contrato.
LA CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA AYSA
La creación por el decreto Nº 304/06 de la empresa Aguas
y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA) genera varios interrogantes
por la modalidad adoptada de constituir una sociedad anónima
regida por el derecho privado y por lo tanto exenta de aplicar el
régimen de contrataciones del Estado. En el debate parlamentario
sobre el decreto de necesidad de urgencia (DNU) que constituye AySA,
sectores de la oposición objetaron que bajo dicha figura
jurídica pudiera producirse alguna modalidad de privatización
total o parcial de la nueva empresa. A partir de estas objeciones
el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto Nº 373 planteó
que el 90% de las acciones de propiedad del Estado Nacional, son
intransferibles y no podrán ser disminuidas como consecuencia
de alguna operación social.
La normativa sancionada, sin embargo, deja abierta la puerta a diverso
tipo de asociaciones para constituir sociedades que pueden incorporar
y recomponer bajo otras modalidades contractuales a la denominada
patria contratista. Debemos recordar que gran parte de la provisión
de insumos y obras está tercerizado con empresas afines a
la empresa Aguas Argentinas y al sindicato de obras sanitarias.
EL DIRECTORIO DE AYSA: VIEJOS PRIVATISTAS CONOCIDOS
El esperado reclamo de lograr una empresa pública que no
repita los errores del pasado y supere la gestión privada,
se ve gravemente afectado por las designaciones del nuevo directorio.
Al frente de la nueva empresa AySA se ha designado como presidente
al abogado Carlos Humberto Ben, incorporado como gerente en Obras
Sanitarias por la dictadura. Posteriormente nombrado por Menem para
participar en la comisión privatizadora de Obras Sanitarias
de la Nación , y encargado como gerente de la concesionaria
de defender los intereses de la empresa contra los usuarios. El
designado titular de AySA, es corresponsable del colapso privatizador
de la empresa. Ben todavía sigue reivindicando la privatización
de la empresa en la década del 90 y manifestaba desconocer
la contaminación del agua con nitratos, principal motivo
de rescisión esgrimido por el gobierno nacional.
La designación del Intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, de
pasado procesista, resulta también inadmisible, en tanto
el mismo es un ferviente cómplice de importantes empresarios
y grupos inmobiliarios, (entre ellos el magnate Rockefeller). Años
atrás llegó a promover islas artificiales con rellenos
para la construcción de barrios privados y viaductos que
iban a anegar barrios pobres. Recientemente promovió el saneamiento
del río Tigre en tiempo record . Por sus gestiones, la Unidad
de Coordinación del Río Reconquista (Unirec), construyó
un dique para desviar el río Reconquista aguas arriba de
su desembocadura natural sin encarar una evaluación de impacto
ambiental. De esta manera, la contaminación proveniente del
Reconquista que recorre 14 partidos del conurbano, cambia de rumbo
antes de llegar al casco urbano. Así consiguieron eliminar
el mal olor que ahuyentaba a turistas y potenciales inversores,
para beneplácito de los gestores de los negocios inmobiliarios
de la zona (Parque de la Costa , la nueva estación fluvial
de Tigre, los complejos de torres costeras sobre el río Tigre,
entre otros). La consecuencia de esta medida, fue la extensión
de la contaminación a la zona de las islas del Delta, afectando
el ecosistema de humedales, el modo de vida de miles de habitantes,
que ya no pueden usar el agua del río y ven afectada su salud
frente al incremento de casos de diarreas y hepatitis. No es la
primera vez que el intendente Ubieto participa de emprendimientos
inmobiliarios que afectan los ecosistemas locales a favor de los
intereses de barrios privados.
La privatización no podría haber avanzado sin la complicidad
de la dirigencia sindical corrupta que promovió la misma
y fue corresponsable en la dirección de la empresa donde
contaba, a partir del programa de propiedad participada, con una
representación en el directorio. Cuando Aguas Argentinas
se hizo cargo de la empresa, la misma contaba con 7.444 empleados,
al 31/12/2001 tenía 3.720, es decir que despidió al
50% del personal, para el mismo período, con la complicidad
activa del titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis
Lingieri, que eliminó toda oposición interna. Con
la anuencia del sindicato la concesionaria tercerizó áreas
de insumo y de extensión de obras con empresas subsidiarias
que implementaron modalidades precarizadas de contratación
para abaratar costos laborales.
El actual secretario adjunto de la Confederación General
del Trabajo, J. L. Lingieri trató hasta último momento
de que el servicio se mantuviera en manos privadas con la concesionaria
o bien con otros eventuales interesados. Baste recordar la gestión
de Lingieri administrando el Programa de Reconversión de
Obras Sociales financiado por el Banco Mundial para reconvertir
el sector en función de las prepagas. Entonces, manejó
360 millones de dólares que en gran parte pasaron a formar
parte de la deuda pública del Estado Nacional con dicha entidad.
Estos personajes son los designados por el gobierno nacional para
conducir los destinos de la nueva empresa. Repudiamos estas designaciones
en la dirección de AySA. Con esta gerencia sólo se
pueden esperar negociados a favor de sectores pudientes, en desmedro
de la población.
LOS DESAFÍOS A ENCARAR
La propiedad pública de la empresa es una condición
necesaria, pero no suficiente para abordar el actual colapso hídrico.
Entendemos que la recuperación y control soberano del Estado
Nacional y de los Estados Provinciales sobre los recursos hídricos
es fundamental para diseñar y desarrollar una política
nacional de manejo de cuencas y recursos hídricos. Consideramos
que deben gestionarse espacios interinstitucionales que permitan
superar los vacíos y superposiciones legales que impiden
una gestión unificada de las cuencas.
La universalidad es la herramienta fundamental para asegurar la
salubridad pública. La nueva gestión debe revertir
el impacto ambiental, sanitario y social negativo, producto de la
política mercantilista vigente durante la concesión
a la francesa Suez. Con el propósito de alcanzar estos objetivos
sostenemos la indivisibilidad de la región de la concesión
que abarca la ciudad de Buenos Aires y 19 partidos del gran Buenos
Aires (AMBA). Proponemos la constitución de Consejos Populares
por distritos, para el diagnóstico de la situación
hídrica y la elaboración de planes de inversión
que prioricen la resolución de las necesidades básicas
insatisfechas de nuestro pueblo.
Consideramos urgente abrir un espacio de debate para la revisión
del marco normativo heredado en el contrato de concesión
que rige actualmente, para modificar el Servicio Universal y Medio
Ambiente -SUMA-, cargo regresivo en dónde los que menos tienen
pagan más; cobros indebidos sin contraprestación real
del servicio, facultad que transforma a la tarifa en confiscatoria;
cobros de 2 o más conexiones por inmueble; cobros indebidos
por baja presión a más del 60% de los usuarios y por
cobrar por M 2 construido más M 3 consumido, aplicando una
doble carga impositiva. Queremos terminar con la estafa de transferir
las inversiones a los usuarios a través de las Obras por
Cuenta de Terceros. Asimismo precisamos acordar estándares
comunes de medición de la calidad del agua y asegurar los
controles correspondientes.
Creemos que se puede avanzar en la lucha por la recuperación
del patrimonio público, sabemos que no será fácil.
Sabemos que la trama de intereses de la patria contratista y entreguista
y de las burocracias sindicales cómplices de las privatizaciones
garantizan la continuidad bajo otras modalidades de dicho modelo,
pero también sabemos que fuimos protagonistas de un 19 y
20 de Diciembre, que puso en cuestión el modelo neoliberal
y hoy en todos los espacios territoriales el pueblo quiere y debe
intervenir en las decisiones.
Consideramos que la empresa pública puede volver a ser una
herramienta tendiente a impulsar la integración nacional,
promover una regulación de las transferencias de ingresos
intersectoriales, como de diversas modalidades de redistribución
de ingresos que privilegie a nuestro pueblo empobrecido y excluido
socialmente.
Proponemos articular un sistema de control público donde
intervengan Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas,
como un sistema de control interno y externo que facilite la supervisión
y monitoreo de la gestión, que permita el análisis
y evaluación del rendimiento de la organización como
un todo, además de la adecuación de los planes estratégicos
de inversiones con participación de la comunidad. Sobre la
base de estos criterios se pueden acotar y/o superar los problemas
de cooptación de camarillas políticas o sindicales
que interfieran en la gestión pública del servicio.
Proponemos una empresa pública con gestión democrática
y popular, donde se pueda ejercer un control social por parte de
los trabajadores (no de la burocracia), de organizaciones barriales,
sociales y de usuarios, así como de la ciudadanía
en general. Debe entenderse a dicho control como complementario,
al que realicen los Organismos de Control de modo de reforzar los
mecanismos tendientes a lograr una mayor transparencia de los actos
de gobierno, ampliar la participación de la sociedad en los
procesos decisorios de la administración pública,
rendición de cuentas de la gestión y de los recursos
públicos y la prestación universal y equitativa del
servicio que asegure la salud pública de la población.
Precisamos fortalecer en todos los sectores de la sociedad civil
la toma de conciencia y la participación en la toma de decisiones
sobre la gestión de los recursos hídricos, acuíferos
y prestación del servicio público en el sector de
agua y saneamiento.
Firmantes:
Foro Hídrico de Lomas de Zamora
Foro en Defensa del Río de la Plata
Sociedad de Fomento de Barrio Seré. Cautelar
Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda
Federación de Entidades de Fomento y ONG del Partido de Quilmes
Confederación de Entidades de Fomento y Juntas Vecinalistas
de la Provincia de Buenos Aires
Unión Confederativa de la República Argentina
Vecinos en Emergencia Hídrica y Sanitaria de Almirante Brown
Vecino en Emergencia Hídrica de Cuartel Noveno. Lomas de
Zamora
Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora
(MORENO)
Federación de Trabajadores de la Energía de la República
Argentina (FETERA)
Movimiento Nacional Oro Negro
Central de Trabajadores Argentinos-Capital Federal (CTA)
IMPA La Fábrica Cultural
Casa por los Derechos Humanos de Quilmes
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Por Asambleas Barriales por la Recuperación de las Empresas
Privatizadas: Wilde, Liniers, Beccar, Castro Barros y Rivadavia,
Núñez, Cooperativa La Asamblearia , Justicia para
Todos, Cabildo Abierto de Bernal-Bernal Unidos
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