La confirmación que Felipe Solá trajo desde Venezuela aplacó la dura confrontación que se vive en el Astillero Río Santiago (ARS): la petrolera Pdvsa ratificó la construcción de los dos primeros buques de 67 mil toneladas que el astillero de Ensenada armará para la flota de la compañía estatal venezolana. La disputa entre la administración de la empresa provincial, que encabeza el ex guardiamarina Julio César Urien, y los trabajadores había alcanzado ribetes violentos. Acusaciones cruzadas, discusiones, movilizaciones, asambleas y peleas a golpes de puño dentro del propio astillero precedieron el viaje del gobernador a Caracas. Los trabajadores culpan a Urien por el retraso en la firma de los contratos, de “favorecer a los armadores privados” y de haber desembarcado en el ARS con una “patota”. Urien desmiente la acusación y dice que sólo lo acompaña un grupo de confianza con quienes comparte la intención de reactivar el astillero. Solá nombró al ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, como mediador en el conflicto y único negociador ante Pdvsa de los contratos por 112 millones de dólares. La inversión más importante del gobierno de Hugo Chávez en la Argentina.

La inclusión de Solá y Randazzo en la comitiva oficial que acompañó al presidente Néstor Kirchner a Caracas –donde se formalizó la incorporación de Venezuela al Mercosur– no fue casual. El objetivo del gobernador y su ministro era traer los contratos con Pdvsa bajo el brazo y no volvieron con las manos vacías. La propia gobernación se encargó de difundir la ratificación del acuerdo que venía postergada, acompañada con la foto de los funcionarios con el director interno de la petrolera venezolana, Asdrúbal Chávez, y su promesa de construir otros dos nuevos buques. Además de comunicar que Randazzo será quien “continuará con la gestión entre ARS, Pdvsa y Dianca”, el astillero estatal de Venezuela.

Antes del viaje, Randazzo medió entre el directorio del ARS que encabeza Urien y los trabajadores, tras duros enfrentamientos que –aseguran– incluyeron peleas con personas allegadas el ex marino. Después del comienzo de una gestión que había tendido puentes a la participación de los obreros, la relación entre la conducción del ARS y sus empleados se deterioró sensiblemente. Los trabajadores tomaron en su manos una serie de reclamos frente a la “incertidumbre” laboral que les planteaba la postergación en la firma de los contratos con Venezuela y con la Armada, para la construcción de cinco PAM (Patrullas de Alta Mar). Ambos contratos garantizaban a los trabajadores del ARS la continuidad laboral por varios años y incorporación de otros centenares de empleados para cumplir con los compromisos en los tiempos de construcción previstos.

En mayo, una marcha de más de 1500 trabajadores partió desde Ensenada, donde funciona el astillero, hasta la sede de la gobernación en La Plata. Luego, otros centenares se movilizaron hasta el Ministerio de Defensa para reclamar que las PAM se construyan en el ARS y “no con armadores privados o extranjeros” y que el gobierno nacional “libere los 78 millones de pesos” prometidos para inversión tecnológica en el astillero. Después volvieron a caminar hasta la Legislatura provincial para exigir que se vote la ley de expropiación de los terrenos que la Zona Franca de La Plata le sacó en los ’90 al entonces casi inactivo astillero.

Pero la gresca más violenta fue el 29 de mayo. Urien organizó un acto del que participó Solá, al que la dirección del ATE y el cuerpo de delegados del ARS solicitaron una entrevista que el gobernador no concedió. Allí se enfrentaron allegados a Urien y los delegados.

ATE y los delegados rechazan la política implementada por Urien de asociar al ARS con el sector privado con el objetivo de reflotar la industria naval, que según el presidente del astillero “está en condiciones desatisfacer las demandas que vayan surgiendo”. El principal argumento que esgrimen los trabajadores es que esa “asociación” en la que el ARS es “cabecera de contrato”, tercerizando parte de los trabajos, hace que ellos realicen “sólo los cascos de los barcos, mientras que los trabajos más rentables queden en manos de los astilleros privados”.

Los trabajadores también embistieron contra “la patota” con la que aseguran que Urien desembarcó en la presidencia del astillero. Desde la conducción gremial sostienen que “nombró a 82 asesores con sueldos que en muchos casos alcanzan los 12 mil pesos”, 40 de los cuales “se afiliaron a ATE para terciar en la interna sindical del ARS”. Urien ya se encargó de desmentir esa cifra y aseguró que sólo nombró a “un equipo de confianza” que le servirá para llevar a la práctica su decisión de viabilizar la reactivación del astillero.

Todas estas dificultades obligaron a la administración provincial a tomar las riendas de las negociaciones de las inversiones más importantes que el gobierno bolivariano de Hugo Chávez realiza en la Argentina, después de la compra de bonos.