Las irregularidades que investiga la Justicia apuntan a una supuesta “fabricación” de una operación de refinanciación de deuda con el único fin de cobrar jugosas comisiones. Piden indagar a De la Rúa y Mulford

Pasaron cinco años desde aquel anochecer de domingo en el que un exultante Domingo Cavallo anunciaba el resultado del megacanje en la Quinta de Olivos. A su lado, en un segundo plano, Fernando de la Rúa también parecía satisfecho. Ambos presentaron la operación financiera como un verdadero alivio a la crisis terminal que vivía la economía. Desde entonces pasaron muchas cosas en la Argentina. Pero ayer un fiscal federal volvió sobre el megacanje. Al advertir supuestas irregularidades, reclamó el procesamiento de Cavallo y de algunos de sus ex colaboradores. Y la indagatoria de De la Rúa y del banquero estadounidense David Mulford, del Credit Suisse, amigo del ex ministro. También puso bajo la lupa a los bancos que participaron de la multimillonaria operación y que cobraron jugosas comisiones.

En su pedido, el fiscal Federico Delgado fue durísimo con los ex funcionarios de la Alianza. Consideró que el megacanje fue una “misce en scene” para concretar negocios. Esa “puesta en escena” tuvo como protagonistas a los funcionarios y “a la contratación de un grupo de bancos” para concretar “un desplazamiento patrimonial a favor de un tercero” de bienes de la administración pública. Delgado habla directamente de “ardid o engaño”, al que alude el Código Penal cuando define la estafa, en este caso contra el Estado.

En su momento, un peritaje solicitado por la fiscalía determinó que el megacanje le provocó a la Argentina un perjuicio de 55.591 millones de dólares, por el aumento de capital e intereses que significó el estiramiento de los vencimientos de la deuda. La tasa de interés promedio de los bonos surgidos en la operación había sido del 15 por ciento en dólares. Los bancos cobraron comisiones por uno 150 millones de dólares. En este sentido, una de las objeciones es que las entidades financieras participantes cobraron por cambiar papeles que ya tenían en su cartera de inversión. Es decir, no tuvieron que hacer ningún trabajo para cobrar la comisión. La lista incluye a los bancos Galicia, Rio-Santander, BBVA Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney. Si el juez da lugar al pedido, los presidentes de estas entidades financieras tendrán que pasar por los tribunales de Retiro.

La causa por el megacanje viene de lejos. La última escala tuvo lugar en mayo de 2004. En aquel momento, la Sala II de la Cámara Federal reseteó la investigación y le ordenó al juez Jorge Ballestero profundizar las averiguaciones. La conclusión de los camaristas había sido que si bien Cavallo y compañía gozaban de la falta de mérito, persistían las dudas sobre la actuación de los ex funcionarios y valía la pena profundizar las investigaciones.

Junto a Cavallo, el pedido de procesamiento del fiscal recayó sobre Daniel Marx y Julio Dreizzen, ambos responsables del área de Finanzas de la cartera económica durante el gobierno de la Alianza, y contra Jorge Baldrich, ex secretario de Hacienda. También se reclamó al juez Ballestero para que convoque a indagatoria a De la Rúa y a Mulford, el banquero americano amigo de Cavallo, y que había recomendado al ex ministro la puesta en marcha del megacanje de la deuda.

Cavallo y Marx prestaron declaración en la causa del megacanje en el año 2002 y coincidieron en defender sus actuaciones. Cuando el ex ministro se enfrentó al juez Ballestero todavía estaba preso en Campo de Mayo por la causa de las armas. Uno de los ejes de las declaraciones de los ex funcionario fue que el megacanje había permitido eludir el default, algo que fue imposible de evitar unos pocos meses más tarde cuando la crisis económica explotó.

Tras las declaraciones de Cavallo y de Marx, el juez Ballestero concluyó que no había mérito suficiente para procesarlos. Esa decisión fue apelada por el fiscal y, más tarde, la justicia de segunda instancia pidió ampliar las investigaciones. En su momento, la fiscalía investigó una denuncia que atribuye a Cavallo el cobro de sobornos por 15 millones de dólares. La causa del megacanje vuelve a los primeros planos para que los responsables de aquella arquitectura financiera expliquen los costos que se pagaron por una operación que, lejos de aliviar la situación económica, la hizo más agobiante y perjudicial.

La historia del último gran negocio

El presidente Fernando de la Rúa ya había probado con el “Blindaje” hacia fines de 2000, propuesto por José Luis Machinea. Pero se derritió rápido, dejando a la Argentina con una deuda de 12 mil millones de dólares con el Fondo Monetario y otro tanto con organismos multilaterales y países como España. En el verano de 2001, la corrida bancaria empezó a sentirse; pero por sobre todo el riesgo país –la tasa adicional que pagaba el gobierno por refinanciar los títulos de la deuda pública– comenzó a empinarse sin freno. Machinea fue eyectado del gobierno, pasó el efímero López Murphy y en marzo de 2001 regresó Domingo Cavallo, visto por algunos radicales desesperados y por el propio Carlos “Chacho” Alvarez, ya fuera del gobierno, como el único que podía salvar la convertibilidad.

A poco de asumir, cuentan que Cavallo recibió la idea de su amigo David Mulford, entonces vicepresidente del Crédit Suisse First Boston, uno de los bancos que mayores negocios hizo con la emisión de papeles de deuda argentina en el mundo durante la década del noventa. Todas las semanas, el gobierno tenía que salir a pedir prestado al “mercado”, emitiendo nuevos títulos públicos para cancelar el vencimiento de los viejos. Era la única manera de no caer en default, ya que con la recesión las cuentas fiscales se deterioraban día a día y había que patear para adelante vencimientos no sólo de capital, sino también de intereses de la deuda.

El esquema lucía atractivo: refinanciar de una sola vez la mayor parte de la monumental deuda argentina que vencía a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo, pero de manera voluntaria; es decir, sin que los acreedores percibieran ese canje de deuda como algo compulsivo. Pero la lógica más elemental anticipaba que, si no se decreta la cesación de pagos, la única forma de tentar a los acreedores para que se desprendieran de sus títulos de corto plazo por otros de más largo plazo era ofrecer un rendimiento más atractivo por los nuevos bonos.

Y así fue: los 46 títulos que generaban obligaciones al Estado argentino por 115.348 millones de dólares fueron reemplazados por 5 bonos que significaban pagos, intereses incluidos, por casi 171.000 millones de dólares, con lo cual la deuda total se agrandó de un día para el otro en unos 55 millones de dólares. Quienes desde un principio cuestionaron la operación y la denunciaron en los estrados judiciales no sólo hicieron hincapié en el aumento exponencial de la deuda, que después de todo podía responder a una decisión equivocada (más) de la política económica de Cavallo. También objetaron los pagos de comisiones por más de 150 millones de dólares a los bancos que actuaron de intermediarios en el “megacanje” y que recibieron su recompensa de manera discrecional, sin criterios objetivos de asignación. Por su puesto, el CS First Boston lideró el ranking de dichas comisiones.