RepsolYPF, la mayor empresa multinacional española, lleva un año de sobresaltos: primero su anuncio de un recorte de 25% en las reservas de petróleo y gas; luego los rumores de una posible absorción por parte de otra petrolera de mayor tamaño; más tarde, la persecución judicial de la empresa en Bolivia bajo la acusación de contrabando y infracción de leyes nacionales; en mayo, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos promulgado por el Gobierno de Evo Morales; y ahora, el BBVA que vende su participación accionaria del 5% en la compañía, lo que le ha supuesto una caída del 3,23% en bolsa, justo dos días antes de la celebración de su Junta General de Accionistas. En lo que va de 2006 su valor en bolsa ha bajado un 17,39%.

En este contexto, un día antes de la Junta de Accionistas de Repsol YPF, varias comunidades indígenas de América Latina, afectadas por las operaciones de la empresa, así como afectados de Puertollano, Tarragona y las Islas Canarias, se han dado cita en Madrid para denunciar públicamente sus actividades y su irresponsabilidad corporativa. Cuentan con el respaldo de las campañas "Repsol Mata" y "¿Quién debe a quién?", así como de decenas de ONG y movimientos sociales estatales e internacionales, que lanzaron conjuntamente la iniciativa de una "Contrajunta de afectad@s por REPSOL YPF".

Martín Velázquez es representante de la comunidad mapuche Lonko Purán, que se encuentra ubicada en la provincia de Neuquén (Argentina), en una zona conocida como "comarca petrolera". La principal empresa que opera allí es Repsol YPF, con más de 100 pozos que funcionan las 24 horas. Velázquez asegura que su provincia es una de las más explotadas por Repsol YPF. En la zona se conoce desde 1995 la contaminación por condensados de gasolina de la napa freática, el acuífero más cercano al suelo. Por ello han denunciado que se producen desapariciones de numerosas especies de flora y fauna, que se pierden los cultivos y que la población no puede beber el agua.

Benildo Vaca es delegado de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia. Su comunidad también está situada en una zona de máxima explotación del país, en este caso gasística: el Campo Margarita. Allí los impactos de la actividad de Repsol YPF son similares a los descritos para el caso de Neuquén. La Asamblea del Pueblo Guaraní está exigiendo a Repsol YPF el respeto a la población indígena, puesto que la empresa no consulta a las poblaciones autóctonas antes de entrar en su territorio, violando así el Convenio 169 de la OIT. Los operarios de Repsol YPF profanan lugares indígenas sagrados en su actividad. Vaca ha explicado cómo está luchando porque la empresa los compense económicamente por los daños causados.

En tercer lugar, Antonio Hernández, de Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, ha descrito cómo Repsol YPF está realizando prospecciones para la explotación petrolífera frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, detallando cómo los impactos ambientales y económicos están siendo fuertemente contestados por la campaña "Canarias dice No a Repsol". Más del 70% de la población local rechaza una posible actividad de la petrolera en las islas. Los posibles impactos económicos más importantes serían los que corresponden a las pérdidas de ingresos turísticos como consecuencia de los vertidos de las plataformas y la consiguiente contaminación de playas y ecosistemas marinos. Hay también impactos que parten del hecho de que el agua de boca de ambas islas se obtiene mayoritariamente del desalado del mar, que aumentará su contenido en sustancias tóxicas como consecuencia de la actividad petrolera. Además habrá impactos sobre la fauna marina, mayoritariamente sobre los zifios.

Por último, Vicente Luchena, de Ecologistas en Acción de Puertollano, ha hablado sobre la refinería que Repsol YPF posee en esta ciudad de 50.000 habitantes, la cual desde hace décadas sufre un deterioro ambiental y de la salud de sus ciudadanos a causa de las actividades petroquímicas. Allí murieron nueve trabajadores en 2003 por un incendio que podría haber sido evitado si la compañía hubiese respetado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Instalaciones Petroquímicas. En esa zona los impactos ambientales son constantes, como prueba la multa que le acaban de imponer a la refinería por los vertidos al río Ojailén que, como relata Luchena, suelen ser semanales. Es permanente, asimismo, la contaminación atmosférica con altos índices de partículas peligrosas.