SINTESIS Y CONCLUSIONES

El presente material se sintetiza en las siguientes conclusiones:

I) EL BASTARDEO DE LA PARTICIPACION.

Ante el hecho positivo de haber realizado la convocatoria al Consejo del Salario como una instancia donde la pluralidad de intereses de los sectores productivos y laborales tenían adecuada representación, el Gobierno optó por convocar al Consejo 1 vez por año (2 de septiembre del 2004 y 1 de julio del 2005 y se ha realizado una nueva convocatoria para el próximo 27 de julio del 2006), al tiempo que desactivo las Comisiones de Trabajo que se constituyeron, para reemplazarlo en la práctica por una estrategia gubernamental que se articula casi exclusivamente con una parte de la representación de los trabajadores (la CGT) y una parte de la representación empresaria (la UIA). En este marco, el Consejo del Salario amenaza con transformarse en un mero mecanismo de legalización institucional de acuerdos y decisiones tomadas por fuera de los marcos y representaciones que lo constituyen. Es decir que además de bastardear una institución que podría promover un "proceso orgánico de participación", no se considera a la hora de tomar las decisiones el conjunto de los problemas que hacen al trabajo y a la producción. Difícilmente puedan transitar por esta vía políticas que tiendan a revertir las inequidades que en el ámbito laboral y en el mundo empresario existen en la Argentina actual.

II) LA RECUPERACION SOCIAL NO ACOMPAÑA LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA

La primera constatación que puede hacerse de la actual etapa económica es que, luego de más de 3 años de crecimiento ininterrumpido a un tasa del 9% anual, el PBI del 2005 ha superado en un 5,8% al del año 1998. Así a la economía argentina le ha costado 7 años alcanzar los niveles de actividad del mejor año de la Convertibilidad. Sin embargo el cuadro social que emerge de esta recuperación es más agravado que el de aquel entonces. Tenemos más desocupados y más personas en situación de pobreza e indigencia, al tiempo que se amplió la brecha de ingresos que separa al 10% más rico del 10% más pobre. En resumen la recuperación del nivel de actividad se sustenta sobre una pauta de mayor explotación laboral, mayor pauperización social y mayor desigualdad distributiva.

En un contexto donde el nivel de actividad económica (durante el 2006) ha superado la etapa previa a la crisis (1998), la recuperación social no acompaña con la misma intensidad el crecimiento económico. Este proceso se explica por el mantenimiento y profundización del cuadro de desigualdad distributiva que caracteriza el proceso económico local. El empeoramiento distributivo es la consecuencia de la combinación de los efectos de la reestructuración neoliberal iniciada en marzo del 76 y profundizada en los 90 a los que se agregan 3 nuevos procesos que deterioraron la distribución, a saber: a) El colapso del régimen de convertibilidad; b) el modo en que se operó la salida devaluacionista del citado régimen y c) la ausencia de Políticas que reviertan el cuadro de absoluta injusticia en el reparto de los ingresos.

III) LA DESIGUALDAD DISTRIBUTIVA ES MAYOR QUE EN LOS 90.
La participación del ingreso de los sectores populares se mantiene por debajo de la que tenía en el 2001. Es decir se pasó de una participación del 31,5% en el PBI del 2001 a una del 26,3% en el 2005. De esta manera la participación de los sectores populares habría retrocedido 5,2 puntos, lo que implica una caída del orden del 20%.

Además del estancamiento que exhibe la distribución de los ingresos a partir del año 2003, se observa un proceso de mayor regresividad al interior de los sectores populares. Así, el 40% de la población de menores ingresos ha tenido una caída del 3,1% en la participación respecto al 2001; por su parte el 40% de la población que compone el estrato medio ha tenido un aumento del 5,2% en relación al mismo año.

IV) EL ROL DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO

El deterioro y posterior estancamiento de la distribución, conjuntamente con la mayor regresividad que revela su composición, no se ha podido revertir porque las políticas de Gobierno se revelan como insuficientes al estar fundadas en una concepción equivocada de la realidad laboral y empresarial vigente.

Esto es así porque apostar a la mera recuperación de la economía y el empleo y en este marco privilegiar la regulación sobre el mercado de trabajo formal es una estrategia ineficaz para llegar al conjunto de los sectores populares, porque no incorpora los 3 elementos que vienen caracterizando la evolución del mercado laboral: a) caída en la creación del empleo; b) elevado grado de ilegalidad laboral y de desocupación y c) menores ingresos en los nuevos trabajadores formales.

Estos tres elementos ponen en crisis la concepción neodesarrollista que campea en el Gobierno Nacional; concepción que con una formulación distinta vuelve a situar la idea del derrame del crecimiento como modo de gestar un proceso de redistribución del ingreso.

El otro componente de la estrategia gubernamental, regulación exclusiva sobre el segmento de los trabajadores formales, no solo que es incapaz de llegar al conjunto de los sectores populares sino que incluso puede, tal cual hemos señalado, agravar los términos de la regresividad al interior de los mismos. Tal es el caso del salario mínimo, de los convenios colectivos y de las asignaciones familiares que sólo perciben los trabajadores que están en blanco. Particularmente en el caso de los convenios colectivos, su impacto se restringe a sólo el 14,7% de la fuerza laboral durante el 2005.

V) LOS IMPACTOS DEL SALARIO MINIMO EN EL MARCO DE UNA CONCEPCION ERRONEA

En el contexto de una Argentina industrial signada por el bajo desempleo (la tasa de desocupación oscilaba en 1974 entre el 3% y el 4% de la PEA), una extendida asalarización formal, una estructura sindical potente y consolidada, una importante homogeneidad social y una mejor articulación económica entre las distintas regiones del país, el salario mínimo actuaba como un piso efectivo del mercado laboral argentino. Es decir, como aquel umbral de ingresos bajo el cual no debía estar ningún trabajador. Es obvio que la Argentina actual nada tiene que ver con lo descripto. Rota la homogeneidad laboral y la articulación geoeconómica del país, la vigencia de una tasa de desocupación estructuralmente alta (14,1% de la PEA sin contar los planes) con sólo el 39% de los trabajadores en condición formal y con el modelo sindical en crisis, seguir suponiendo que al fijar el salario mínimo establecemos el piso de ingresos para todos los trabajadores es vivir en una burbuja y convalidar estrategias que, presentadas bajo el rótulo de la equidad, terminan discriminando al interior de los propios trabajadores. Desde nuestra concepción los desocupados, los cuentapropistas de subsistencia y los ilegales también son trabajadores. En el contexto actual el salario mínimo es sólo uno de los instrumentos que deben utilizarse para garantizarse un piso de ingreso al conjunto de los trabajadores.

1) LOS QUE ESTAN POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO.

En la Argentina actual existen prácticamente 7.291.163 millones de trabajadores que cobran menos de los $630 en que se fijó el Salario Mínimo Vital y Móvil en julio del 2005. Estos representan a prácticamente la mitad de los ocupados totales. Discriminado por intensidad laboral resulta que en esta situación se encuentran el 60% de los subocupados, el 53,2% de los ocupados plenos y casi para no creer el 42,2% de los sobreocupados.

Si tomamos en cuenta sólo a los asalariados (ya que el número anterior involucra también a cuentapropistas y patrones) resulta que existen 5.213.032 asalariados que se encuentran en esta situación. Representan el 47,7% del total de asalariados. Desagregando la información se observa que por debajo del mínimo se encuentran el 61,7% de los asalariados subocupados, el 50,7% de los plenos y el 39,2% de los asalariados sobreocupados.

2) EL TRASLADO DEL SALARIO MINIMO EN LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LA ECONOMIA.

En este punto realizamos una comparación de la evolución, tanto nominal como real, del salario mínimo desde el comienzo en que se registraron sus aumentos comparándolo con las evoluciones de las distintas fuentes salariales oficiales disponibles (principalmente dos que corresponden al INDEC - que son la Encuesta Permanente de Hogares y el Indice de Variación Salarial - y la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - que corresponde exclusivamente a los trabajadores registrados en la Seguridad Social).

En todas las fuentes analizadas se puede observar rasgos comunes:

a) El salario mínimo creció muy por arriba del conjunto de las variables salariales. En términos nominales creció 3,5 veces por arriba del promedio de ingresos de los ocupados según la EPH; 6,7 veces por arriba del Indice Salarial y 5 veces por arriba del crecimiento del promedio de retribuciones de los asalariados registrados del SIJyP.

b) En todos los períodos el aumentos del mínimo fue superior al aumento del resto de las variables salariales (tanto en términos nominales como reales).

c) Progresivamente el salario mínimo va representando un porcentaje mayor del salario medio (tanto en la EPH como en la SIJyP).

d) Tampoco hay traslado del aumento. El primer aumento del 50% durante el 2003 nunca se trasladó en los períodos sucesivos.

e) Tampoco hay una misma tendencia. En períodos en que el salario mínimo aumenta su tasa de crecimiento el resto de las variables salariales presentan disminuciones de la misma.

VI) LAS INEQUIDADES GENERADAS Y LA POSIBILIDAD DE MODIFICARLAS

1) En el ámbito de los trabajadores la no adecuación de la dinámica del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario a la realidad concreta del mundo laboral argentino, define que las políticas que se impulsan circunscriben sus efectos a una proporción minoritaria de los trabajadores del país. Así, la fijación del salario mínimo sólo se aplica taxativamente sobre los trabajadores privados registrados y los dependientes del Sector Público Nacional. No son alcanzados por esta disposición ni los trabajadores en situación de clandestinidad, ni los ocupados en los Estados Provinciales y Municipales. Por cierto, tampoco están implicados en esta decisión los desocupados o los cuentapropistas que trabajan en la informalidad. Queda claro que con este tipo de estrategias no habrá posibilidad de tener una genuina política de ingresos que alcance al conjunto de la clase trabajadora.

2) En el ámbito de los empresarios ocurre una situación similar. Al discutir las políticas de salario mínimo con los representantes de las grandes firmas no se consideran las situaciones diferenciales que atraviesan las pequeñas y medianas empresas o aquellos establecimientos ubicados en regiones más postergadas del país. Se cometen dos graves errores. Por un lado se fijan pautas de ingresos y criterios de incremento que en nada obligan a las grandes firmas a trasladar sus abultados aumentos de productividad. Así cuando se considera el sector industrial durante el período 2001-2005, mientras la productividad se expandió un 12,4%, el salario real lo hizo en un 0,4% y los costos laborales se redujeron en un 35,9%. De igual modo, al considerar la productividad anual de las primeras 100 empresas de la Argentina surge que mientras la remuneración promedio asciende en ellas a $2.669, la misma (de trasladarse los aumentos de productividad) podría llegar a $15.000. Por otro lado, esas mismas pautas de ingresos definidas haciendo abstracción de la situación que observan los establecimientos de menor tamaño y la realidad de las diferentes regiones del país, lleva en algunos casos a producir efectos exactamente inversos a los buscados. En lugar de mejorar la situación del trabajador puede incluso promover su precarización. No es igual la situación de empresas o conglomerados empresarios locales o transnacionales, que definen las condiciones de los mercados en los que operan, que la de aquellos establecimientos que no fijan precios, que atraviesan situaciones de difícil endeudamiento, que no tienen acceso al crédito o el que pueden obtener es caro, y que no poseen un tratamiento tributario que considere efectivamente su verdadera capacidad de pago. Es decir, resulta imposible pensar una estrategia de redistribución de los ingresos por fuera de un replanteo integral de la política económica. Por ende, la necesidad de un tratamiento integral de las pequeñas y medianas empresas tanto urbanas como rurales, es una condición necesaria del citado objetivo.

3) No obstante lo expuesto en materia del acotado impacto de los convenios, merece consignares que el 59% de los convenios firmados durante el 2005 que estipularon aumentos salariales absorbieron en el básico del convenio los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo (tanto por vía de las sumas fijas como del aumento del salario mínimo). Este hecho demuestra las potencialidades de la política pública para incidir en la disputa por la distribución del ingreso. Potencialidades que no pueden materializarse para cambiar favorablemente el signo de la distribución porque la política pública resigna universalidad al concentrarse exclusivamente en la regulación del mercado formal. Cabe consignar que en el caso de la actual convocatoria al Consejo del Salario la fijación del mínimo se realiza a posteriori de los convenios colectivos, pretendiendo establecer un valor que ya ha sido absorbido en los diferentes convenios de manera tal que el mínimo ni siquiera influya en el desarrollo del sector formal.

4) El empeoramiento distributivo que tenemos, en un contexto que combina fuerte crecimiento del nivel de actividad con incremento en la cantidad de ocupados y aumentos de los ingresos, debe dejar en claro un principio: para que exista distribución del ingreso es necesario que el ingreso que perciban los ocupados crezca por encima de la productividad global de la economía, lo que implica necesariamente que lo mismo debe ocurrir a nivel de ramas y firmas. Materializar este criterio requiere de políticas públicas tributarias y promocionales que permitan capturar las ganancias extraordinarias, que hoy se concentran en pocos sectores y pocas empresas, para poder derramarlas en apoyo al desarrollo de nuevos sectores y en el tratamiento integral de las regiones más atrasadas y de los pequeños y medianos establecimientos. Supone también políticas públicas de alcance universal que construyan un piso de ingresos superior en el mercado laboral (por vía de la mejora de los ingresos de los hogares) y la garantía legal para la organización de los trabajadores.

VII) NUESTRA PROPUESTA

A) POLITICA GENERAL DE INGRESOS.

Proponemos 3 medidas concretas:

1) Verdadero SEGURO DE EMPLEO Y FORMACION de $720 para todos los jefes de hogar desocupados. El costo neto es de $2.987,4 millones.

2) ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO de $70 para todos los pibes, que se articulen con el chequeo sanitario durante los primeros años de vida y la participación en el ciclo escolar durante el resto. Generalización de la Ayuda Escolar Anual de $130. El costo neto anual de realizar esta política asciende a $10.877,4 millones.

3) ASIGNACION UNIVERSAL PARA TODOS LOS MAYORES EXCLUIDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL equivalente a un nuevo valor del haber mínimo de $520 e incremento del 10% en el resto de las prestaciones previsionales. El costo de esa medida es de $13.760 millones.

El costo conjunto de las medidas propuestas asciende a $27.624,8 millones.

Resulta obvio que un programa de Redistribución Progresiva de los Ingresos de esta naturaleza requiere del fortalecimiento de los ingresos públicos lo cual exige:

" Poner en función de los objetivos expuestos los excedentes de recaudación a obtener durante el presente año respecto al total presupuestado. Se cuenta con $8.300 millones de recaudación no previstos en el Presupuesto 2006, así como $6.025 millones que se liberan como consecuencia de haber pagado con reservas la totalidad de la deuda con el FMI. Es decir que por estos dos conceptos se tiene garantizados ingresos por $14.325 millones no previstos en el Presupuesto.

" Restituir las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles del año 1993, lo que permitiría expandir la recaudación en $7.726,9 millones adicionales.

" Encarar una Reforma Previsional que restituya al Sector Público los aportes realizadas por los trabajadores activos. Por esta vía se podría ingresar a las arcas públicas $6.100 millones adicionales

" Encarar de manera inmediata una Reforma Impositiva que otorgue progresividad al régimen vigente. A diferencia de las otras medidas la Reforma Impositiva no incrementa la recaudación en forma inmediata pero es razonable suponer que en el plazo de 2 años se puede incrementar la recaudación en 2 ó 3 puntos del PBI, lo que supone ingresos adicionales por $12.000 y $18.000 millones respectivamente.

Sin contar con los recursos de la reforma impositiva, ni tampoco con el impacto que términos de recaudación supone el aumento del consumo popular asociado a las medidas expuestas (es decir considerando sólo los excedentes presupuestarios, la restitución de aportes a las grandes empresas y la recuperación de los aportes de los trabajadores activos) se cuentan con recursos por $28.100 millones que permiten financiar la Politica General de Ingresos propuesta.

B) LA POLITICA SALARIAL PROPIAMENTE DICHA .

En el marco de esta POLITICA GENERAL DE INGRESOS, que por diferentes vías restituye derechos e ingresos al conjunto de los hogares y que por lo tanto fija un nuevo piso al mercado laboral dado por el Seguro sobre el Jefe desocupado ($720) y la Asignación Universal de $70, corresponde ubicar la política salarial. El punto de referencia de la misma no puede ser sólo lo que desean pagar los empresarios. En la Argentina actual, con una canasta familiar que según el INDEC se ubica (a junio 2006) en $2.315. Considerando los momentos de mayor normalidad de la historia laboral argentina, puede observarse que el salario promedio (generalmente cercano a los básicos de convenio) solía representar el 80% del valor de la canasta de consumo de una familia tipo. Asimismo el salario mínimo, solía representar el 60% del salario promedio. Con estos criterios la política salarial debe tender a fijar el Salario Mínimo Vital y Movil en $1.110 y los básicos de convenio deben fijarse en $1.850.

C) LIBERTAD SINDICAL

Resolver la crisis de representación del sindicalismo argentino exige restituirle a los trabajadores la más plena libertad para definir sus estructuras orgánicas. Implica desterrar las prácticas empresariales que prohíben (especulando con la diversidad contractual y con el elevado desempleo) la organización de los trabajadores. Implica también, romper con unicatos sindicales que nada tienen que ver con fortalecer la unidad de los trabajadores y que sólo actúan como tapón para la participación de los mismos en las decisiones. En función de este objetivo, solidario con la necesidad de fortalecer la capacidad de los trabajadores para discutir sus condiciones de empleo e ingresos, planteamos la plena vigencia de la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina que garanticen a todos los trabajadores y los sindicatos simplemente inscriptos (hoy más de 2000) los derechos de:

" Inmunidad para los fundadores y delegados de las organizaciones simplemente inscriptas.

" Reconocimiento de los representantes en el conflicto

" Ejercicio irrestricto del derecho a huelga.

" Al cobro de la cuota sindical por nómina por parte de las organizaciones simplemente inscriptas.

D) DESCONCENTRACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EQUILIBRIO REGIONAL.

Somos conscientes que el programa de Ingresos y Salarios aquí planteados puede generar dificultades a nivel de unidades de menor tamaño y en las distintas regiones del país. Es por esta razón que creemos que una redistribución progresiva de los ingresos no puede hacerse sin activar un conjunto de medidas dirigidas a atender el problema de las pymes y de las regiones más postergadas. Señalamos esto convencidos de dos cosas: Primero, que las grandes firmas transnacionales y locales pueden pagar lo que aquí se expone e incluso más. Segundo, que el trato específico y diferencial que las pymes y las regiones postergadas merecen obtener de la política económica, no puede provenir del deterioro salarial de sus trabajadores.

Entre el conjunto de medidas que deben adoptarse se encuentran:

¢ Reforma del Sistema Financiero en dirección a canalizar el crédito hacia las unidades de menor tamaño y hacia las regiones más postergadas.

¢ Tratamiento fiscal diferencial para las unidades de menor tamaño y las regiones más postergadas. Lo que supone una política crediticia, tecnológica, comercial que permita desplazar las restricciones a las que son sometidas las unidades de menor tamaño

¢ Constitución de un Fondo Salarial conformado por aportes nacionales y provinciales, dirigido a sostener un Plan de recomposición y equiparación de ingresos de los trabajadores públicos de todo el país (nacionales, provinciales y municipales), orientado por el principio de igual salario para igual tarea.

Conviene finalizar este informe repitiendo una verdad de Perogrullo. Sólo puede sostenerse una estrategia de redistribución progresiva de los ingresos en tanto se promueva una política de carácter integral dirigida a revertir la matriz de profunda desigualdad que plasmara en la Argentina el neoliberalismo. Requiere por lo tanto, modificar los vectores de la demanda, de manera que sea el consumo popular y no el de altos ingresos y las exportaciones los que sesguen la inversión y por lo tanto definan el perfil productivo; políticas expresas de desconcentración, cambios en el modo en que el Estado interviene en el proceso económico y un replanteo del esquema monetario y financiero. Estrategias sólo sustentables en tanto se promuevan y fortalezcan a los actores políticos y sociales que las deben defender. Situación esta que transforma en un detalle no menor, la decisión institucional de favorecer la libertad y la democracia sindical.