El organismo que representa a las Provincias extractoras de petróleo y gas (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos - Ofephi) acaba de acordar con el Ministerio de Planificación de la Nación la ratificación de la política de fragmentación del subsuelo argentino.

Estas Provincias se autodenominan productoras, equivocadamente, porque los recursos naturales no se producen sino que se extraen y quienes los están extrayendo son las multinacionales a través de las concesiones otorgadas por Menem desde la década de los años 90, que aún se mantienen.

El acuerdo consiste en presentar en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, para que diez provincias reciban, además de la propiedad originaria del subsuelo, la propiedad útil o jurisdiccional (1) . En la jerga legislativa llaman " ley corta " a los proyectos que se limitan lisa y llanamente a entregar la propiedad nacional a las provincias donde se extraen hidrocarburos. La llamada " ley larga " es la que intenta adecuar toda la Ley 17.319 de Hidrocarburos vigente para que a la vez reglamente el traspaso de la propiedad originaria y se "blanquee" la política privatista impuesta por Menem y los gobernadores provinciales, cuando en la Constituyente de 1994 acordaron canjear la reelección presidencial por la propiedad provincial de los hidrocarburos.

Con la Ley 24.145 llamada de Federalización del Subsuelo y Privatización de YPF, se había dispuesto que una Comisión de Provincialización de Hidrocarburos debía presentar al Poder Ejecutivo un proyecto modificatorio de la Ley de Hidrocarburos antes del 31 de diciembre de 1992. Es decir, debía reglamentar la cesión dominial originaria a través de una Ley que podría otorgar la propiedad útil o jurisdiccional a las provincias. La Comisión nunca se constituyó y la transferencia no fue posible, porque en las Cámaras hay mayoría de representantes de las 14 provincias consumidoras, que representan el 85% de la población del país (1) y cuentan con la gran mayoría de los diputados.

Sin tener hidrocarburos, ellas financiaron desde 1907 la investigación, exploración, extracción e industrialización del petróleo y gas a través de Y.P.F. y Gas del Estado, y no están dispuestas a quedar en manos de gobernadores que piensan que el petróleo es de su propiedad y pueden disponer sin límites de ese recurso. Basta observar la ley de hidrocarburos de Neuquén donde, entre otras cosas, se imponen precios, se establecen aduanas interiores, se apropia de la política hidrocarburífera nacional, se dispone la exportación e importación de energéticos, etc. Por estas razones, ni la "ley corta" (lisa provincialización) ni la "ley larga" (provincialización más blanqueo de la privatización) han tenido hasta ahora aceptación ni pudo reglamentarse la transferencia prevista en la Ley 24.145: han pasado quince años y todo sigue como entonces, lo que pone en duda todo el sustento legal con que se realizó el saqueo sufrido por la Nación.

Ahora, el acuerdo de la Ofephi con el Ministerio de Planificación nacional, insistiendo en la política de la provincialización para que los gobernadores concesionen nuestro petróleo a las multinacionales de siempre, muestra la miopía y servidumbre de una dirigencia que votó las privatizaciones de 1991 y la Reforma de 1994. En lugar de replantear los enormes beneficios que traería a las provincias petroleras y a la Nación asociarse para recapturar el recurso y repartirlo entre todos con justicia, optan por profundizar el legado menemista, que es dejar a las provincias en manos de las petroleras y a la Nación sin este estratégico recurso. Quienes concibieron la política como negocio parece que tampoco entienden de él. ¿No sería mejor que en lugar de recibir apenas un 9% de regalías -y a declaración jurada- obtuvieran muchísimo más asociadas a la Nación ?

En momentos en que el mundo discute la renta petrolera y Evo Morales nos ha demostrado que es posible nacionalizar los hidrocarburos sin que ninguna petrolera se retire del país, el gobierno nacional opta por profundizar la escandalosa entrega del menemismo, lo cual significa descuartizar aún más el legado del general Mosconi. Lo dice nuestra historia: se fragmentó el subsuelo para ceder a las oligarquías provinciales el lucrativo "beneficio" de concesionar a las petroleras multinacionales. Valga recordar que en los años 20 uno de los mayores combates de Mosconi fue contra los trusts y la Standard Oil que, asociada a la oligarquía y a la dirigencia salteñas, promovía la provincialización de los hidrocarburos.

Fragmentar es debilitar, porque si la Nación en su conjunto no puede defenderse, menos podrán las provincias individualmente. Sólo basta comparar el producto bruto interno de todo nuestro país -que alcanza a los 190.000 millones de dólares anuales- con los ingresos por ventas mundiales de ExxonMobil: como en el segundo trimestre de este año alcanzaron a 99.030 millones de dólares, en seis meses supera el PBI nacional argentino. Si comparamos esta cifra con el producto de cada uno de las provincias donde se extraen hidrocarburos la diferencia se hace abismal y la debilidad también. Los procesos de provincialización y de privatización son claramente funcionales al poder petrolero mundial.

El presidente Néstor Kirchner y su ministro Julio De Vido, a pesar de haber reconocido en las reuniones realizadas el 5 y 15 de mayo con el MORENO, que había sido un gran error haber apoyado la provincialización de los hidrocarburos, ahora profundizan esa política. Ya lo hicieron en el 2003 al dictar por el Decreto 546 (y no por ley) una norma que permite a las provincias licitar áreas petroleras nuevas y/o secundarias. Además se les transfiere la propiedad de los yacimientos que la Nación había concesionado y permanecían bajo su dominio. Es preciso recordar que ninguna dirigencia es dueña absoluta de los recursos naturales, que el petróleo es perecedero y que la Constitución Nacional en su artículo 41 expresa: "...que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...". Tarde o temprano nuestro pueblo juzgará a una dirigencia que ha ratificado la continuidad del menemismo en el campo hidrocarburífero.

El camino no es otro que promover una amplia movilización de los ciudadanos de todas las creencias y pensamientos, organizaciones sociales, culturales y políticas en la campaña por el millón de firmas para imponer la nacionalización de los hidrocarburos y modificar el artículo 124 de la Constitución Nacional. Una patriada de reparación histórica que divide las aguas de la política nacional: o se está con el país promoviendo la nacionalización del petróleo y gas o se está con los enemigos de nuestra definitiva independencia.

(1) El MORENO hizo llegar el 15 de mayo al presidente de la Nación una fundamentada nota donde se concluye que la nacionalización de los hidrocarburos no traslada la propiedad a las provincias. La nota distingue el dominio originario, eminente o virtual (cuya transferencia a las provincias aún no ha sido reglamentado), del útil, jurisdiccional o concesional no transferido a las provincias.
(2) En el Censo nacional de 2001 las 14 provincias consumidoras tienen 30.465.436 habitantes, mientras que las extractoras de hidrocarburos llegan a 5.794.694 habs., del total de 36.260.130 habs