Ante la caída de las reservas que han generado las empresas, y la escandalosa apropiación de la renta de que gozan, cabe la pregunta: ¿cómo es posible otorgarle incentivos para que exploren?

Desde la privatización de YPF se estructuró en el país un modelo hidrocarburífero oligopólico, depredatorio e ilegal, que es inconsistente con cualquier criterio de desarrollo sostenible del país. Un modelo que extranjeriza las ganancias y nacionaliza las pérdidas, que hundió al país en una crisis energética que se profundiza cada año, de la que no se podrá salir sin abandonar el modelo que la produjo.

Si definimos como 'producción sustentable' al nivel de producción que se logra sin disminución de la cantidad de reservas ya constituidas, podemos ver que sólo el 64% de la producción total de petróleo desde 1990 hasta el año 2004 se hizo en forma sustentable. Si consideramos la producción desde 1999 hasta 2004 entonces sólo el 58% se hizo en forma sustentable. Si miramos los años 2003 y 2004, entonces la producción sustentable es apenas un 37% del total producido.

El año 2005 se caracterizó por una escalada en el precio del petróleo que lo llevó a niveles próximos a los 70 dólares el barril, con un promedio de 56,34 dólares. Paralelamente, como manifestación del evidente deterioro de las áreas productivas nacionales, la producción muestra para el 2005 una nueva caída, llegando a los 38,5 millones de metros cúbicos, cifra inferior a la alcanzada en el año 1994.

En lo que va del año 2006 el barril se mantuvo siempre encima de los 60 dólares, pasando a mediados de abril la barrera de los 70 dólares el barril y en estos últimos meses el crudo cruzó la barrera de los 75 dólares. Los pronósticos más optimistas prevén para los próximos años un barril en torno a los 50 dólares mientras que pronósticos no tan optimistas lo ubican alrededor de los 100 dólares.

En este contexto cobra singular importancia la situación de reservas en nuestro país: 'en 1989 había 40 años de gas y 25 de petróleo con el modelo estatal centralizado de YPF. Ahora tengo apenas ocho años de gas y cuatro o cinco de petróleo, y cada año voy a ir importando más y al importar voy a ir trayendo los precios internacionales' (Gustavo Calleja).

Esta situación de las reservas sólo tiene perspectivas de empeorar: ' En la época de YPF se hacían 80, 90 y más pozos de exploración por año, el año pasado (2004) se hicieron 23 ó 24. Este año (2005) no llegan a ese número ' (Félix Herrero).

Frente a esta crítica situación a la que ha sido llevado el país, el sector ha generado, durante el año 2005, una renta petrolera cercana a los 12.500 millones de dólares. Esta renta podría utilizarse para explorar el subsuelo de modo de recuperar las reservas, para el desarrollo de la infraestructura energética y para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Sin embargo, casi 8.000 millones de dólares de esta renta fueron embolsados por las petroleras y el Estado apenas captó unos 4.000 millones, por medio de retenciones, regalías e impuestos.

Como consecuencia de la política depredatoria de las petroleras, la caída de reservas en el año 2005 alcanzó un valor cercano a los 8.000 millones de dólares de renta.

Si a la delicada situación de reservas añadimos el hecho de que una gran cantidad de argentinos no tienen acceso a la energía, parece legítimo la aplicación del artículo 6 de la ley de hidrocarburos que dice: 'El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables ' y en vistas de lo expuesto, se debe poner fin a las exportaciones de hidrocarburos hasta tanto se revierta la situación de las reservas.

Exenciones impositivas: La otra mejilla...

Como se viene advirtiendo desde espacios como el MORENO, la FETERA y otros; y como lo reconoce el propio oficialismo, desde la implantación del modelo hidrocarburífero neoliberal, en la Argentina se paralizó la actividad de exploración y la actividad de explotación estuvo limitada a intensificar los trabajos extractivos en las zonas que en su momento desarrolló la estatal YPF.

La Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 20 que ' La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes'.

Esa Ley establece en su artículo 31 que ' Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión (...) asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas .'

Luego establece en su artículo 80, inciso b, que ' Las concesiones o permisos caducan: Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales'.

Si tenemos en cuenta que las petroleras no exploraron ni desarrollaron las áreas de explotación conforme a lo estipulado en la Ley de Hidrocarburos, la consecuencia de aplicar la misma sería la caducidad de 'las concesiones o permisos'.

Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley por medio del cual se darían más privilegios impositivos y se prorrogarían 10 años las concesiones para aquellas petroleras que realicen las inversiones que no realizaron. Es decir que, en vez de aplicar la Ley de Hidrocarburos y quitar las concesiones, se les dará a las compañías el privilegio de no pagar parte de los impuestos durante 10 años más para que sigan depredando nuestro país. El proyecto, en cuya elaboración participó la organización de los gobernadores petroleros (Ofephi) presidida por el radical kirchnerista Julio Cobos, incluye también los privilegios impositivos para las nuevas áreas que las provincias entreguen a las petroleras para la exploración y explotación. Se prevé además que el total del privilegio impositivo sea de 1.500 millones de dólares , más de la tercera parte de la renta petrolera que el Estado nacional y los Estados provinciales captaron, por todo concepto, en el año 2005.

Un punto que cabe plantearse es si no será suficiente incentivo para que las inversiones se realicen, tener un petróleo que ya superó los 75 dólares el barril , cuando en nuestro país el costo de producción total (exploración + desarrollo + extracción) es de 6,10 dólares por barril. Si pensamos que hace ocho años el barril se vendía a menos de 11 ó 15 dólares, podemos ver que la renta petrolera captada por las transnacionales pasó de unos 1000 millones de dólares en 1998 a unos 8000 millones de dólares en el 2005. Pero siguen sin invertir, sin cumplir sus contratos, agotando nuestras reservas. ¿Qué necesidad hay de seguir acordándoles más privilegios? Justamente a quienes vienen saqueando nuestros recursos naturales, sin cumplir con sus obligaciones pero llevándose las ganancias de una explotación irracional de nuestros recursos energéticos. Ya pusimos veinte veces las dos mejillas ¿vamos a seguir?