En la reunión anual del Consejo de las Américas, realizada hace un mes en el porteño hotel Alvear, el gobierno argentino dio claras indicaciones de su coqueteo con el capital extranjero. Diferen-tes discursos de los ministros argentinos fueron sugerentes. En aquella oportunidad, ante la mirada exigente de directores de empresas estadounidenses, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asegu-ró que "nuestro desafío es atraer inversiones" y que desde el Gobierno "nunca se discriminó al capital extranjero". Los discursos de los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Felisa Mice-li, se orientaron en el mismo sentido. Al mismo tiempo, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, confesaba que "el día del pago al Fondo lloraba en silencio porque terminaban las ataduras". Suge-rentes discursos. Aún hay más. El mismo día, en el mismo hotel Alvear, Ali Moshiri, presidente de Chevron Latin America (una de las grandes empresas de energía en el mundo) exigió al Gobierno la desregulación paulatina de los precios del gas y ventajas impositivas para desarrollar nuevas inver-siones. Sus quejas se pueden encontrar en cualquier manual de economía marginalista: "altas cargas fiscales", "aumento de salarios y costos", "disminución del beneficio", etc. Moshiri sugirió que "Los niveles actuales de inversión son suficientes para mantener la producción actual, pero no para au-mentarla".

Pero si sugerentes son los discursos, contundentes son los hechos. El pasado miércoles, un mes después de la reunión anual del Consejo de las Américas, el oficialismo sumó 121 votos para dar media sanción en Diputados al proyecto de ley que amplía los beneficios para las petroleras multina-cionales que operan en el país.

Este proyecto había sido presentado ante el Congreso el 19 de mayo de 2005, a instancias del presidente Kirchner, de su entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y del ministro de Planificación, De Vido. En la carta que acompañaba el proyecto, se aducía la necesidad de implemen-tar un programa de exploración de hidrocarburos por razones de estricta lógica mercantil: "Existen extensas zonas -se lee en la carta- que por su riesgo exploratorio, y por no haberse detectado hidro-carburos de características comerciales, han quedado relegadas (…) debido a la falta de incentivos económicos diferenciales. Es por ello que se trata de promover por la vía parlamentaria correspon-diente, las modificaciones que hagan más atractiva y competitiva la exploración de nuestro territorio nacional…". La lógica de la explotación de los hidrocarburos del subsuelo argentino, entonces, está al servicio de las expectativas gananciales de las empresas privadas: los hidrocarburos tiene "caracterís-ticas comerciales", no estratégicas, son un commodity, una mercancía más exportable.

En la actualidad, como las zonas de exploración que buscan promoverse no poseen "caracte-rísticas comerciales", es decir, como no responden a la ecuación costos/beneficios del balance em-presarial, el nuevo régimen de promoción permitiría cerrar tales cuentas. El proyecto, así, "introduce modificaciones razonables que permitirán un tratamiento especial para las áreas en las que el capital de riesgo no ha mostrado interés hasta la fecha"; claro que sin importar que hasta la fecha se han reventado los pozos existentes reduciendo el horizonte de reservas disponibles, amparándose dicho saqueo en la legislación menemista. Así lo expresa explícitamente esta carta, al asegurar que "los decretos Nº 2178 de fecha 21 de octubre de 1991, su modificatorio Nº 1271 de fecha de 21 de julio de 1992 y Nº 1955 de fecha 4 de noviembre de 1994, dentro del marco de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Federalización, son un marco regulatorio adecuado para las zonas de mayor madurez ex-ploratoria". Y que si "La aplicación de estos planes exploratorios ha permitido dar continuidad a la exploración en términos generales" en las nuevas cuencas se indica la "necesidad de promover e incentivar la exploración con medidas acordes a esas características".

Tal proyecto, que había obtenido el pasado 30 de agosto, con algunas modificaciones, el dic-tamen favorable de la Comisión de Energía y Combustibles, establece la creación de dos "regímenes promocionales de exploración y explotación de hidrocarburos", aplicables a la totalidad del territorio nacional, incluida la Plataforma Continental. El primer régimen es el "Promocional para la explotación de hidrocarburos", que pone a "disposición a todas las áreas que no están actualmente con permiso de exploración o concesión de explotación". Los beneficios aplicables a las áreas que sean entrega-das se extenderán entre 10 y 15 años. A estas promociones sólo podrá accederse en tanto se esté en asociación con ENARSA, salvo que ésta renuncie a la asociación. Los adjudicatarios tendrán el bene-ficio de la acreditación o devolución del IVA, "sobre la totalidad de los gastos e inversiones realizados en la etapa de exploración y las inversiones realizadas en el período de explotación". Respecto al Impuesto a las Ganancias, todos los gastos e inversiones "serán amortizados en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas", y "los bienes pertenecientes a los titulares de permisos y concesiones no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta". A su vez, tendrán el beneficio de la exención del pago de "los derechos de importación y todo otro derecho, impuesto es-pecial, gravamen correlativo o tasa de estadística".

El segundo capítulo del proyecto de ley, establece un Régimen Preferencial para áreas de ex-ploración ya otorgadas en concesión que están "parcialmente exploradas". Según el proyecto, se per-mitirá la subdivisión de estas áreas, introduciéndose las surgentes subdivisiones en el primer régimen promocional, considerándose como nuevo permiso de exploración. En tal caso, también deberá crear-se una asociación con Enarsa, salvo expresa renuncia de ésta última.
Este proyecto fue cuestionado por legisladores del ARI y la CTA, FeTERA, MORENO, Auto-convocados, CoCePa, partidos de izquierda, ONG, organizaciones sociales e incluso la UCR, que se opuso en el recinto legislativo. Al mismo tiempo que se dio tratamiento al proyecto, se concentraron sobre la Avenida Rivadavia, enfrente del Congreso, unas 2000 personas, la mayoría agrupadas en la CTA, en signo de protesta. En el acto realizado, el Secretario General de la FeTERA, José Rigane, destacó que es "increíble que este gobierno le cobre mes a mes el impuesto a las ganancias a los trabajadores y a los grupos monopólicos del petróleo los subsidie" (Agencia ACTA).

Estos mismos sectores se habían reunido una semana atrás para reclamar la reestatización de YPF y criticar la creación de ENARSA con la figura actual de Sociedad Anónima. A su vez, habían propuesto públicamente un proyecto de ley alternativo por la recuperación de las reservas hidrocarbu-ríferas que fue presentado ayer por el diputado Claudio Lozano. Este proyecto alternativo establece, entre otras cosas: la derogación de tres decretos del PEN de 1989 que "garantizan la libre disponibili-dad de gas y petróleo para su exportación; la fijación de precios internos referenciados en el valor internacional y la libre disponibilidad del 70% de las divisas de los hidrocarburos comercializados en el exterior; que la "fijación de los precios internos de los combustibles será realizada por el Poder Ejecu-tivo Nacional"; la creación de una Comisión Parlamentaria Bicameral que "analizará todos los contra-tos, permisos de exploración y concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas, pudiendo deci-dir su nulidad o resolución"; la suspensión de "toda exportación de hidrocarburos que no este destina-da a satisfacer la demanda social de los pueblos de los países limítrofes"; la obligación de que ENARSA sea quien "lleve de manera permanente la Base de Datos Integral de Hidrocarburos" y que, "siendo empresa con mayoría estatal permanente, [que] tiene a su cargo la totalidad de las áreas ma-rítimas nacionales (…) determine los permisos de exploración o las concesiones de explotación…"; la exigencia de declaración de la "necesidad de la recuperación de las áreas hidrocarburíferas ilegal o irregularmente adjudicadas a empresas privadas", las cuales deberán ser adjudicadas a ENARSA bajo "titularidad de los permisos de exploración y las concesiones de explotación".

En referencia al actual modelo energético y al proyecto de ley oficial que obtuvo media san-ción, el presidente del grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, aseguró que el "Gobierno está haciendo lo peor de la política menemista para subsidiar a las petroleras". A su vez, la Federación de los Trabajadores de la Energía (FeTERA), en una Editorial difundida durante los últimos días, asegura que "Este proyecto se presenta en un momento en el que, como consecuencia de la falta de regula-ción de la actividad petrolera y gasífera por parte del estado argentino, las reservas de gas y petróleo han descendido a niveles tan críticos, que permiten anunciar el comienzo de una etapa de escasez de energía en la Argentina, de características dramáticas, a partir de 2010". A su vez, en una nota publi-cada por el MORENO y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se afirma que está en manos de los legisladores "resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores be-neficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación por el proceso de desregula-ción y privatización, iniciado en 1989 y aún vigente".

Los periódicos en los últimos días han estado reflejando una disputa entre, por un lado, el Gobierno y sectores afines; por otro, grupos críticos de las políticas implementadas por el oficialismo; y por otro lado, los sectores opositores que representan los intereses de los grupos económicamente dominantes. La disputa gira en torno a la crisis energética, tanto del sistema eléctrico nacional como en lo referente a la crítica situación en materia de hidrocarburos. El oficialismo niega la existencia de una crisis energética, tal como lo sostienen especialistas en la materia. Por otro lado, los sectores dominantes se quejan por la falta de combustibles para el crecimiento económico y por los costos que le acarrea proveerse de energía.

Sin embargo, a pesar de las negaciones rotundas por parte de la Administración Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido, ha advertido la necesidad de inversiones de modo tan enérgi-co que hace suponer los límites del sistema energético. En los últimos días señaló que "estamos im-pulsando fuertemente el incremento de los niveles de destilado en nuestras destilerías, actualmente en manos privadas, pero requiriendo que las empresas hagan las inversiones necesarias para poder producir la cantidad de combustible que esté a la altura de las necesidades". Y a su vez aseguró que "vamos a propugnar con las provincias y las organizaciones no gubernamentales el uso racional de la energía para asegurar el suministro a todos los sectores". Por su parte, el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos bonaerense, Antonio Eduardo Sicaro, negó el posible colapso energéti-co pero dejó entrever cierta preocupación: "No es posible pensar en una combinación de problemas que nos deje a oscuras". Luego agregó que "se está acordando con el gobierno nacional inversiones en ese rubro".

En este sentido, ante las críticas del posible plan de castigo a los usuarios por consumo exce-dido, se lanzaría una nueva campaña de concientización. Es un problema crucial porque la Secretaría de Energía daría lugar a que las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap salgan a concientizar a los argentinos sobre el uso racional de la energía. Cabe la pregunta de si esa es la conciencia que nece-sitamos los argentinos, la de consumidores/usuarios comprometidos con el consumo racional. ¿Acaso una sociedad capitalista consumista puede ser racional en su consumo? ¿No se supone que debe-mos consumir lo más que podamos? ¿No deberíamos los argentinos, por el contrario, concientizarnos de nuestra dependencia, de la depredación que se viene haciendo de nuestros recursos, de la nece-sidad de recuperar las empresas públicas?
Siguiendo con la disputa, desde los sectores de la Unión Industrial Argentina se mostró la preocupación por el plan del gobierno de que la Industria se abastezca por si misma de los niveles excedentes de energía que consuman respecto al año anterior. La UIA había propuesto que parte del costo mediante aumento de tarifas recayera sobre usuarios residenciales de mayor consumo. Por otra parte, la misión comercial argentina que viajó esta semana a Suiza, recibió un llamado de atención de parte de Cristoph Etter, presidente de la Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza, quien ase-guró que "hay alguna preocupación porque la energía funciona a capacidad plena". A su vez, las Pro-vincias anunciaron importaciones de energía y posibles subas de tarifas para el verano. Mientras sec-tores del Agro se quejan continuamente por la escasez de gasoil y su encarecimiento.

La crisis energética no pareciera poder ocultarse, más aún cuando el último informe de la Se-cretaría de Energía indica que las reservas de petróleo y gas sufrieron una fuerte caída. En 2005 las reservas de petróleo alcanzaban poco más de 8 años de consumo, mientras que las de gas estaban en 8,6 años. Antes de la privatización de los recursos durante los '90, las reservas de petróleo se es-timaban en 13 años y las del gas en 35 años.

Los sectores críticos con las medidas tomadas por el gobierno en materia de concesiones a las petroleras, aseguran que el proyecto que logró media sanción en Diputados "nos lleva a los argen-tinos a repetir la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado Argentino y las ganancias son privadas (…) Esta es la forma, en que se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas originadas en la explotación depredatoria, las exportaciones intensivas e inconstitu-cionales, la ausencia casi total de las inversiones en exploración y la desaparición de todo control estatal" (Editorial Grupo MORENO del 13/09/06).

En la concentración de ayer se presentó una solicitada intitulada "Basta de saqueo: Pueblo o Petroleras; Patriotas o Traidores", donde se explica que el proyecto de ley a tratar "profundiza las políticas de entrega de los recursos nacionales estratégicos, realizados durante el periodo menemis-ta", "impide la nacionalización del petróleo y el gas" y "no termina con la libre exportación de los hidro-carburos". A su vez, "no recupera la fabulosa renta anual petrolera de U$S 12.000 millones, que todos los años se va del país, y que nuestro pueblo necesita", ni "detiene la crisis energética en desarrollo". En consideración de los solicitantes y adherentes, el proyecto de ley "asegura puro beneficio impositi-vo y financiero a las multinacionales del petróleo". Finalmente, en carta a los legisladores nacionales, los ciudadanos y organizaciones firmantes asumen "el compromiso de hacer público ante el pueblo de la Nación, los nombres de los legisladores que aprueben este proyecto continuador del saqueo, ade-más de iniciar las acciones legales que correspondan, en función del derecho que nos asiste el articu-lo 29 de la Constitución Nacional, que califica a aquellos que otorguen sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, de infames traidores a la Patria".

Todas las organizaciones del orden nacional debemos conseguir la unidad, como paso previo al triunfo popular, para batallar por la soberanía nacional y la revolución social. Ni una ni la otra se darán por separado. La lucha es en nombre de la conciencia nacional, que es conciencia de la dependencia y de la falta de autodeterminación que deben terminarse. Como escribió J.W.Cooke: "…el proyecto de la patria como proyecto de liberación, la solidaridad entre los hombres para luchar por una sociedad sin verdugos ni explotados, todo lo que es cálido, generoso, amor por los seres humanos, lealtad a nuestro destino argentinos y americanos".