Evidentemente, la política de Derechos Humanos del actual gobierno ha generado una ruptura con respecto a sus antecesores. Podemos decir que Kirchner se apropió de un significante tan complejo que lo era la "Impunidad", logrando construir un consenso respecto al histórico pedido de Justicia contra quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Argentina.

Alfonsín había borrado de un plumazo lo que había logrado con el histórico Juicio a las Juntas de la primavera democrática Bastó que se levantaran los fantasmas golpistas, y que unas caras pintadas amenazaran acuarteladas el orden institucional para que se sellara en silencio un pacto nefasto que culminó en la Ley de Obediencia Debida (el Punto Final ya había sido sancionado unos meses atrás). Los indultos de Carlos Menem terminaron de allanar el camino para que genocidas y represores caminaran libremente por las calles de nuestro país, cara a cara con el pueblo, al que habían jurado defender, y contra el que habían levantado los fusiles y a punta de lanza, forjado una enorme lista de desaparecidos.

Con la llegada de Nestor Kirchner al poder, en 2003, el reclamo de "juicio y castigo", largamente sostenido por los Organismos de Derechos Humanos, "milagrosamente" encontró eco en un gobierno, después de tantos largos años. Esa "línea de fuga" -no fuga como escape sino como cuestionamiento de un discurso totalitario-, ese estandarte enarbolado durante casi dos décadas contra una impunidad sostenida y garantizada por los "representantes" del pueblo, se tornaba ahora una bandera del nuevo gobierno.

Es innegable el papel fundamental que esta apropiación cumplió en la construcción de consenso y legitimidad del gobierno K, luego de la crisis de representatividad que vivió el país, y que culminó en las jornadas de diciembre de 2001. Todavía resonaban (ya tibios y lejanos, pero resonaban al fin) los ecos de las cacerolas, del "que se vayan todos", se olía todavía el olor a goma quemada, y estaba abierta la herida de la masacre en el Puente Pueyrredón, aquella que había forzado la salida de Duhalde del poder.

Kirchner debía legitimar aquello que no había conseguido en las urnas. Un magro 21 % de los votos, y la renuncia cobarde a confrontarlo en una segunda vuelta de quién era en gran parte responsable del estado calamitoso del país, lo habían lanzado a la presidencia de un país que aun se tambaleaba. La reivindicación de la búsqueda de Justicia contra los militares, se transformó en un excelente punto de partida para la reconstrucción de la hegemonía puesta en jaque dos años atrás.

Sería errado, y hasta quizás injusto, negar el mérito de algunas acciones del gobierno del santacruceño. La cesión de la ESMA para ser convertida en Museo, el descuelgue de los cuadros en el Colegio Militar y el Edificio de la Armada, el impulso de la nulidad de las leyes del Perdón, y recientemente de los Indultos, son cosas que están bien. Y que deberían haberse hecho hace tiempo.

Pero lo interesante es pensar cómo el Estado se apropió de un discurso que históricamente cuestionaba al Estado, tanto en su rol de represor, como de garante de la impunidad. Y cómo esta retórica pro-memoria, anula el cuestionamiento profundo de las implicancias que la política represiva de la dictadura tuvo en la fragmentación de la sociedad, y en la implantación de un sistema económico que a la larga siguió matando, en forma más sutil, y tan perversa como antes. También vale repensar el modo en que los medios masivos, -aquellos que activamente, en silencio o por omisión acompañaron y legitimaron la muerte-, se apropiaron de este discurso, clausurando cualquier posibilidad de autocrítica sobre su actuación en el pasado, y disociando el terrorismo de Estado de sus consecuencias económicas, sociales y culturales.

Kirchner, a través de su política de DD.HH. logró el apoyo de importantes sectores de la Sociedad, y el beneplácito de muchos Organismos de Derechos Humanos que históricamente habían mantenido una postura crítica hacia los gobiernos anteriores. Y sin desmerecer la heroica, admirable y dignísima lucha de muchas de estas organizaciones, es lícito decir que estar "tan cerca", a veces puede anular la capacidad crítica.

Por otro lado, la encendida diatriba del presidente y sus ministros hacia ciertos sectores de la sociedad -vale decir, muchos de ellos tan culpables como los militares de lo ocurrido entre 1976 y 1983- no cuestiona el verdadero orden de las cosas. Las reglas de juego no cambiaron, simplemente las cartas se han pasado de manos. Las críticas hacia los organismos multilaterales de crédito no evitan que se siga pagando una deuda que se sabe ilegítima, contraída por aquellos que hoy comienzan a ser juzgados nuevamente.
Por otro lado, la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen sigue agrandándose. Las ganancias siguen yendo hacia los de arriba. Las urgencias cotidianas, esas que se viven en calles, en escuelas, en hospitales, en villas, siguen siendo urgentes, no pueden esperar al derrame que nunca llega.

Como señalamos más arriba, está muy bien que se hayan anulado las nefastas leyes de la impunidad. Y está muy bien que los genocidas vayan a la cárcel por las atrocidades que cometieron. Pero no puede obviarse la complicidad civil, esa que le dio luz verde a la desaparición y a la tortura. No podemos olvidar a los capellanes que confesaban a los torturadores, o que bendecían los "vuelos de la muerte". Ni a los "comunicadores" que desde los medios más importantes, entonaban loas al gobierno dictatorial, y no sólo apoyaban sus procederes, sino que tildaban de "antiargentino" a todo aquel que osase siquiera a deslizar que aquí se violaban los Derechos Humanos. Ni que hablar del Capital cómplice, ese que entregó a sus trabajadores a las Fuerzas de Seguridad, y que fue el sostén e impulsor principal de un proyecto de país para unos pocos -Ellos, quienes más sino-; proyecto que hace años no puede ocultar sus perversas consecuencias. La revisión del pasado también requiere de bucear un poco más profundo, para desnaturalizar lo que no debería ser.

Sabemos que la Hegemonía es un proceso constante, una resignificación y regeneración del consenso. El Poder, necesariamente debe "dialogar" constantemente con aquellos discursos que ponen en riesgo la perpetuación de un estado de las cosas. La dominación debe ser negociada y renegociada. Y a pesar de aceptar ciertas pautas, es ese Poder el que se reserva el derecho de seguir estableciendo cuáles son los límites. El límite, en este caso es el cuestionamiento de un sistema económico que -instaurado a sangre y fuego hace 30 años-, fue legitimado por los distintos gobiernos democráticos y se continúa hoy, en políticas de exclusión que van acompañadas de una retórica que no es más que eso: retórica