Hay dos formas de ubicarse frente a la realidad.
Una supone hacer de cuenta que no existe y negarla sistemáticamente,
otra implica asumirla con el objetivo de transformarla. Si hay algún
resultado del experimento neoliberal en nuestro país, este
refiere a la profunda desestructuración vivida por el mundo
laboral. Es decir, el significativo achicamiento de lo que hoy representa
el segmento de los trabajadores en blanco.
Este hecho ha puesto en cuestión la "relevancia"
de aquellas políticas sobre el mercado laboral que históricamente
fueron consideradas como indispensables para una estrategia más
justa o progresiva. En este lugar se ubican, por ejemplo, las convenciones
colectivas o la propia realidad del "Instituto del salario
mínimo".
Hemos demostrado en otros trabajos que los trabajadores involucrados
en convenios colectivos apenas representan el 18% de la fuerza laboral
total. En los cuadros que siguen demostraremos la "perdida
de significación" del salario mínimo. De más
está decir que este planteo no implica invalidar el uso de
la política de salario mínimo. Simplemente obliga
a acotar su significado y a ratificar que en el contexto de la Argentina
actual la fijación del "mínimo" es solo
uno de los instrumentos a considerar a la hora de definir una "efectiva
política de ingresos". Es decir, el salario mínimo
no es más lo que alguna vez fuera en nuestro país:
"el piso mínimo de ingresos para todo trabajador".
Los cinco cuadros que a continuación exponemos indican
lo siguiente:
a) Sobre un total de ocupados urbanos de 14.662.872 para el 2º
semestre del 2005 7.942.078 ganan menos de los $ 630 definidos como
salario mínimo para dicho período. Es decir, el 54%
de los ocupados en nuestro país gana menos que el "mínimo
salarial". ¿Esto no relativiza el alcance de la política
de "salario mínimo"?.
b) Del total mencionado el 1,5% (119.430) son patrones; el 25,4%
(2.017.571) son cuentapropistas; el 70,8% (5.626.173) son asalariados;
el 2,3% (178.904) son trabajadores familiares y un 13% (1.035.649)
son trabajadores del servicio doméstico.
c) Sobre 10.925.468 asalariados totales, 5.626.173 ganan menos
que el mínimo. Es decir, el 51,4% está por debajo
del mínimo salarial y al interior de los asalariados privados
el porcentaje crece al 54,5%.
En conclusión, promover una política seria de redistribución
progresiva de los ingresos no puede lograrse con la sola fijación
del salario mínimo. La construcción de una "política
de ingresos" que sea capaz de "fijar un piso en el mercado
laboral" exige articular el mínimo salarial con un conjunto
de políticas universales que puedan impactar elevando los
ingresos de los hogares y atendiendo las problemáticas de
quienes carecen de empleo, de los pibes y de los mayores. No hacerlo,
y hacer de cuenta que al fijar el salario mínimo involucro
al conjunto, implica convalidar la pauta de distribución
de los ingresos heredada del colapso de la convertibilidad y la
devaluación. Por esta razón, y pese al hecho objetivo
de que en los últimos tres años la economía
creció el 9% anual, la masa total de ingresos populares sigue
representando aproximadamente el 26% del PBI anual.
(El artículo incluye cuatro cuadros elaborados en base a
la información brindada en la Encuesta Permanente de Hogares
del INDEC, que no hemos publicado. Si los requieren, comuníquense
a través del correo info@palabraargentina.com.ar)
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