A los efectos de terminar con la impunidad que ha protegido a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que intervinieron en la refinanciación y/o renegociación de la deuda externa ilegítima, el miércoles 22 de noviembre se presentó en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal una denuncia por Defraudación al estado, Abuso de Autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra los ex presidentes argentinos Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde; contra los ex ministros de Economía de la Nación, Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Machinea y Roberto Lavagna; los ex presidentes del Banco Central desde 1984 hasta el año 2003; los ex secretarios de Finanzas de la Nación, los Directores de la Oficina de Crédito Público, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

También han sido incluidos en la denuncia los integrantes de ambas Cámaras del Congreso, y todos aquellos funcionarios que desempeñaran cargos análogos desde la restauración de la democracia en 1983 hasta hoy.

La denuncia será ampliada al ratificar la misma, con los titulares de todas las empresas privadas que a través de maniobras fraudulentas transfirieron al Estado sus deudas, las que integran hoy la deuda pública de la Nación.

La denuncia efectuada por Daniel Marcos y Alejandro Olmos Gaona quedó radicada en el Juzgado Nº 7 a cargo del Juez Federal Guillermo Montenegro y el Fiscal Carlos Stornelli.
Esta nueva denuncia judicial se suma a las presentadas anteriormente: a la denominada "Causa Olmos" (nº 14.467, que ahora lleva el número 7723/1998) que ya tuvo sentencia en el año 2000; a la causa iniciada en 1993 que tiene como eje el "Plan Brady" y está en trámite (nº 17.718 que ahora lleva el número 9147/1998); y a la causa referida al megacanje del 2001 (nº 6420/2001).
Como justificativo de la denuncia se trae a consideración el fallo de la "Causa Olmos" en el cual se consolida la denuncia por la arbitrariedad en el manejo de las finanzas del estado, el endeudamiento externo forzoso de empresas públicas para facilitar el retiro de divisas por parte del empresariado, la entrega de la soberanía jurídica, y la absorción por parte del estado del pasivo de empresas privadas que jamás han dado cuenta de estas nocivas transferencias; entre otros motivos.

También se menciona lo acreditado hasta ahora en la causa 9147/1998: la existencia de más de 21.000 sumarios por infracción a la ley penal cambiaria, que involucran a una enorme cantidad de empresas y bancos privados; y que todos los créditos solicitados por el gobierno nacional al FMI, al Banco Mundial y a bancos privados del exterior, fueron solo para refinanciar la deuda cuya ilicitud fue decretada por el Juez Ballestero; también entre otros motivos.
No obstante la existencia de causas penales, que demuestran el carácter fraudulento de la deuda, el gobierno nacional ha seguido pagando la misma y reestructurando parte de las obligaciones.

En la denuncia se busca que los delitos referidos al endeudamiento externo desde 1976 hasta la actualidad sean considerados como imprescriptibles, por considerarse de lesa humanidad, y como un mismo proceso ("delito de ejecución continuada"), en cuanto a su punibilidad, debido a que los distintos ilícitos económicos cometidos durante la dictadura se continuaron en el tiempo mediante las sucesivas renegociaciones de la deuda, sus reestructuraciones y todos los mecanismos que se pusieron en funcionamiento para llegar a la suma que hoy resulta exigible por parte de los acreedores y después de haber pagado una cifra varias veces igual a la que hoy se nos reclama.