Hace más de un año, cuando lanzábamos el primer número de esta nueva etapa de Palabra Argentina, decíamos que estábamos "inmersos en una situación de violencia, apenas disimulada por las apariencias de una democracia formal". Violencia -explicábamos-, porque eso es el hambreamiento del pueblo y la explotación canallesca del trabajo. Violencia -además, decíamos-, porque es el privilegio el que impone constantemente sus tribunales y sus leyes: las leyes del "mercado", de ese ente abstracto, guarida del privilegio.

Hoy, a más de un año de aquella declaración, seguimos pensando y escribiendo lo mismo. Las leyes del "mercado", el modelo económico que a través de este se impone, nos han llevado a una situación de carencia energética, que pone en jaque no sólo al crecimiento económico (eufemismo hoy de la superexplotación del trabajo) sino también al derecho de los pueblos de disponer de los bienes comunes, como los son los recursos hidrocarburíferos, bienes que no son renovables.

El sorprendente ciclo actual de crecimiento económico ha puesto en evidencia que el modelo energético neoliberal implantado en la década pasada no tenía como objetivo solucionar las supuestas carencias de la administración estatal, sino que venía a profundizar el desguace del estado inaugurado durante la última dictadura militar. En esa escena, YPF se mostraba como el botín más preciado.

La gestión privada de los recursos estratégicos de la nación ha hecho de ellos una mera mercancía, sólo disfrutable para quien esté en condiciones de pagarla, y así, por ejemplo, 13 millones de argentinos se han visto privados sistema de gas por red.

Pero el vigente modelo no sólo se caracteriza por la apropiación privada, por parte de un ínfimo sector, de los beneficios de la explotación de estos recursos; sino que también se ha caracterizado por la violación de toda la normativa jurídica dispuesta. Hoy, ya se han presentado recursos de amparo y denuncias penales suficientes para investigar y sancionar a los responsables, y para revertir radicalmente este modelo.

En nuestro continente ya han surgido gobiernos, empujados por la movilización popular, que tomaron medidas que deben servirnos como ejemplo de valentía y voluntad política; entre ellos, los gobiernos de Venezuela y de Bolivia. Aunque sabemos que, como ha asegurado el ex ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Solís Rada, en Bolivia "el escenario creado por el Decreto de Nacionalización es un campo de batalla en el que se enfrentan quienes desean aplicarlo en su integridad y quienes pretenden frenarlo, desvirtuarlo y paralizarlo". Y allí, el gobierno no debe claudicar y los movimientos sociales no deben dejarle dar el paso atrás.

En el primer número del periódico, también afirmábamos que luchamos no para enfrentar al gobierno, sino para acompañarlo en la defensa de los derechos humanos y en todo aquello que signifique beneficios reales para la clase trabajadora y la dignidad de nuestra nación. Aunque también marcábamos que íbamos a combatir sus errores, señalar sus claudicaciones y enfrentar su discrecionalidad en el manejo del poder. Hoy afirmamos que el gobierno ha claudicado en la reestructuración de la deuda pública y en el pago al FMI, que se equivoca al permitir la creciente extranjerización de la industria y al profundizar medidas de corte neoliberal, tales como las referidas al área energética que se explican en este número.

Finalmente, decíamos hace más de un año que luchábamos para enfrentar los privilegios y trabajar para que se rompan de una vez y para siempre las estructuras de una economía al servicio del Capital y de la trampa. Y en eso estamos, buscando las formas de conjugar crítica y propuesta en pos de recuperar la soberanía perdida, de construir un proyecto de país en beneficio de los sectores postergados, en el marco de una necesaria integración regional.