Hace más de un año, cuando lanzábamos el primer número de esta nueva etapa de Palabra Argentina, decíamos que estábamos "inmersos en una situación de violencia, apenas disimulada por las apariencias de una democracia formal". Violencia -explicábamos-, porque eso es el hambreamiento del pueblo y la explotación canallesca del trabajo. Violencia -además, decíamos-, porque es el privilegio el que impone constantemente sus tribunales y sus leyes: las leyes del "mercado", de ese ente abstracto, guarida del privilegio.

El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) presentó el 6 de noviembre, ante Tribunales, un recurso de amparo que exige que se dicte la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Estado (23.696) de 1989, denominada "Ley Dromi"; y de los decretos desreguladores 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. Los fundamentos jurídicos del pedido se basan en que la Ley 23.696 fue dictada en "violación a normas específicas de la Constitución Nacional y a los principios generales del derecho", mientras que los mencionados decretos violan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos (17.319) y varios artículos de la Constitución Nacional. El mismo día, el MORENO presentó ante los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal contra cuatro petroleras de capitales extranjeros y nacionales. Las empresas denunciadas que podrían haber cometido el delito de evasión fiscal agravada son Repsol-YPF, Shell, Pecom y Esso.

- 1907: 13 de Diciembre. Comienza la explotación continua de petróleo en Comodoro Rivadavia. Sucesivos decretos dan el nombre genérico de "reservas" y prohíben a particulares realizar actividades vinculadas al petróleo en distintas zonas.

- 1910: Se crea por decreto la Dirección General de Explotación de Petróleo en Comodoro Rivadavia. Co-mienzan actividades de producción y comercialización. La explotación privada y extranjera del recurso es predominante.

Permítasenos dar nuestra opinión acerca del tan abusado término crisis en la actualidad ar-gentina. Se podría decir que nuestro país vive una situación de crisis estructural, que encuentra su explicación en la sobreexplotación y el agotamiento del petróleo y del gas, recursos que componen el 90% de la matriz energética nacional. Esta crisis matriz, por ahora, se manifiesta esporádicamen-te a través de lo que podríamos llamar crisis derivadas: escaces en los productos derivados del pe-tróleo y del gas (como el gasoil) y la insuficiente generación de energía eléctrica (que depende en un 50% del gas). Para solucionar estas crisis, diferentes fracciones de la burguesía entararán en confilcto (como sucedió tras la devaluación del 2002) para no cargar con los mayores costos de la solución. Los sectores más desprotegidos quedarán a merced de estos vaivenes, a menos que se tome una solución radical: recuperar la soberanía energética, la renta petro-gasífera y las empresas YPF y Gas del Estado.

A siete meses de la nacionalización de los hidrocarburos llevada adelante en Bolivia, y de manera complementaria a la campaña "Un millón de firmas" para la nacionalización del petróleo y del gas argentinos, el Coordinador Nacional del Foro Nacional Ypefiano, José Antonio Tonón, asegura que es necesario "recuperar YPF y Gas del Estado" para dejar "de ser el hazmerreír del mundo en materia energética", ya que "ningún país del planeta tierra vendió su petrolera estatal ni resignó su patrimonio del recurso de su subsuelo". Junto a Juan Narciso Nieva, de la Mesa Nacional por Salta del Fo.Na. Ypefiano, Tonón afirma que el movimiento, comprometido con las banderas mosconianas, llevará a las cortes internacionales la causa penal en la que denuncian a Repsol por la venta fraudulenta e ilegítima de YPF, para "demostrar las situaciones de dolo, irregularidades e ilicitud que ha habido en la venta de la empresa estatal a la multinacional Repsol".

Bajo el paraguas de las diferentes situaciones de "Emergencia", los argentinos hemos visto cómo, en los últimos años, sistemáticamente se dispusieron leyes y decretos de necesidad y urgencia que consis-tieron en lucrosos beneficios (principalmente vía extensiones impositivas y subsidios) para las mismas empresas nacionales y extranjeras que saquean las riquezas del país desde hace tiempo.

Desde hace tiempo, diferentes organizaciones vienen denunciando el saqueo y la sobreexplotación por parte de las multinacionales del petróleo de los escasos recursos hidrocarburíferos que quedan descubiertos, los cuales, vale recordar, no son renovables. Una de las principales actividades que se viene realizando es la Campaña ¡Un millón de Firmas!, lanzada el pasado 14 de julio y que se propone la recuperación por parte del pueblo, a través del estado nacional, de todos los recursos hidrocarburíferos de su territorio. Impulsados por las medidas tomadas en Bolivia y las políticas llevadas adelante en Venezuela, en un Acto Público realizado frente a las oficinas de Repsol-YPF, organizaciones sociales y políticas declararon iniciada la campaña que reza: "¡Petróleo y Gas: nacionalización ya!"

A los efectos de terminar con la impunidad que ha protegido a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que intervinieron en la refinanciación y/o renegociación de la deuda externa ilegítima, el miércoles 22 de noviembre se presentó en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal una denuncia por Defraudación al estado, Abuso de Autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra los ex presidentes argentinos Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde; contra los ex ministros de Economía de la Nación, Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Machinea y Roberto Lavagna; los ex presidentes del Banco Central desde 1984 hasta el año 2003; los ex secretarios de Finanzas de la Nación, los Directores de la Oficina de Crédito Público, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.